STSJ Andalucía 685/2006, 4 de Abril de 2006
| Ponente | EDUARDO HINOJOSA MARTINEZ |
| ECLI | ES:TSJAND:2006:859 |
| Número de Recurso | 2757/1999 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 685/2006 |
| Fecha de Resolución | 4 de Abril de 2006 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA Nº 685 DE 2.006
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MÁLAGA
RECURSO Nº 2757/1999
ILUSTRÍSIMOS SEÑORES.
PRESIDENTE:
D. JOAQUÍN GARCÍA BERNALDO DE QUIRÓS
MAGISTRADOS:
D. FERNANDO DE LA TORRE DEZA
D. MANUEL LÓPEZ AGULLÓ
Dª TERESA GÓMEZ PASTOR
D. EDUARDO HINOJOSA MARTÍNEZ
En la ciudad de Málaga, a cuatro de abril de dos mil seis.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el recurso contencioso-administrativo número 2757/1999, en el que son parte, de una como recurrente, Dª Marí Jose y D. Armando , representados por el Procurador de los Tribunales D. Miguel Lara de la Plaza, y defendido por el Letrado D. José María Flores Alés; y por la parte demandada, la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado, en relación con liquidaciones de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y con la imposición de sanciones tributarias.
Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. EDUARDO HINOJOSA MARTÍNEZ.
Por la referida representación se presentó escrito interponiendo recurso contenciosoadministrativo contra la resolución de 24 de septiembre de 1999, del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Andalucía, por la que se desestimó íntegramente la reclamación número 443/1998, interpuesta en relación con acuerdo de la Inspección de los Tributos de regularización de la situación tributaria de los recurrentes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 1992.
Teniendo por interpuesto el recurso, se acordó su tramitación conforme a las normas establecidas para el procedimiento en primera o única instancia en el Capítulo I del Título IV de la Ley29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , habiéndose presentado en tiempo y forma la demanda y su contestación, y sin haberse acordado el recibimiento del pleito a prueba, la celebración de vista ni la formulación de conclusiones escritas, quedando conclusos los autos para sentencia y pendientes de señalamiento para votación y fallo, que ha tenido lugar en el día fijado al efecto.
VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación.
La resolución del económico-administrativo contra la que se dirige el presente recurso desestimó en su integridad la reclamación formulada frente al acuerdo de 15 de diciembre de 1997, del Inspector-Jefe de la Delegación de Málaga de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que, a su vez, confirmó también íntegramente la propuesta contenida en el acta suscrita en disconformidad el día 5 de noviembre anterior, de regularización de la situación tributaria de los recurrentes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 1992, que consideró procedente elevar al base imponible declarada en dicho impuesto en el importe en que se estimó el rendimiento derivado de un determinado préstamo concedido por aquellos en favor de cierta entidad mercantil de la que eran socios.
Así lo entendió la Inspección de acuerdo con lo entonces establecido por el artículo 8 de la Ley 18/1991, de 6 de junio , es decir, considerando la operación como vinculada y, por lo tanto, estimándola por su valor nominal de mercado, en los términos previstos por el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades , al igual que hizo la resolución ahora impugnada, a cuya ilegalidad los recurrentes oponen ante todo ciertas irregularidades supuestamente padecidas por las actas de la Inspección, relacionadas básicamente con su insuficiente motivación y con su calificación como previa, o con la actuación de la Inspección, a la que se reprocha el no haber acumulado el expediente con el incoado frente a la entidad prestataria o la utilización del mecanismo del informe ampliatorio.
Sin embargo, es evidente que el laconismo de los actuarios no impidió a la recurrente entender plenamente el fundamento de la regularización, como se extrae de las alegaciones formuladas ante la Jefatura de la Inspección, que nada decían de aquellas irregularidades formales, limitándose a discutir la calificación jurídica de la operación, que se consideraba como un contrato de cuentas en participación, lo que obtuvo la respuesta concreta de la Inspección, a la que, por lo tanto, tampoco puede dirigirse reproche alguno de esta naturaleza.
No se observa, pues, la existencia de indefensión material y efectiva, necesaria según el artículo 63.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , para la declaración de nulidad que se solicita por tales motivos.
Parecidos reproches se dirigen a la resolución recurrida, que, según se dice, no se pronunció sobre las cuestiones planteadas en la reclamación, pero que, aun omitiendo la referencia a algunas de las argumentaciones empleadas por la recurrente, dio respuesta expresa a fundamentación básica de la reclamación, relacionada con la calificación de aquella operación, acudiendo además a los elementos de juicio con los que contaba y que fueron convenientemente valorados por el órgano económico-administrativo, al que, consecuentemente, no puede objetarse, al menos con las consecuencias que sobre la validez del acto se pretenden en la demanda, el padecimiento de incongruencia omisiva alguna.
No debe olvidarse que incluso la garantía de la necesaria fundamentación de las sentencias ( artículo 120 CE ) y del derecho a la tutela efectiva ( artículo 24 CE ), también se obtiene mediante la desestimación implícita o tácita de las alegaciones formuladas. Como el Tribunal Constitucional declaró en su Sentencia 2/1992, "..las exigencias de motivación que el artículo 24.1 CE impone a las resoluciones judiciales no implican necesariamente una contestación expresa a todas y cada una de las alegaciones vertidas por las partes a lo largo del proceso. Por el contrario (..), el silencio del órgano judicial respecto de alguna de las cuestiones suscitadas por las partes, puede resultar ajustado a las exigencias del artículo 24.1 CE cuando, atendidas las circunstancias del caso, pueda ser razonablemente interpretado como desestimación tácita de la argumentación esgrimida por el litigante.." (en el mismo sentido SSTC 175/90, 40/93, 246/93 y 46/96 , entre otras). Recogiendo la tesis constitucional expuesta, el Tribunal...
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