STSJ Comunidad Valenciana 486/2003, 24 de Abril de 2003
| Ponente | JAVIER MARTINEZ MARFIL |
| ECLI | ES:TSJCV:2003:3350 |
| Número de Recurso | 832/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 486/2003 |
| Fecha de Resolución | 24 de Abril de 2003 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA REFUERZO
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
Sentencia número 486/2003
Ilmos. Sres.
Presidente
Doña Amalia Basanta Rodríguez
Magistrados
Don Manuel José Domingo Zaballos
Don Javier Martínez Marfil
En la ciudad de Valencia, a veinticuatro de abril de dos mil tres.
Visto por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el recurso contencioso-administrativo número 832/00, interpuesto por la Procuradora Doña Celia Sin Sánchez, en nombre y representación de Don Tomás , defendido por el Letrado Don Cristóbal Caballero Escribano, contra la resolución de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana de fecha 1 de marzo de 2.000, por la que se aprueba definitivamente el PGOU de Castellón; habiendo sido parte, como demandada, la Administración de la Generalitat Valenciana, representada y defendida por sus Servicios Jurídicos, compareciendo como codemandado el Ayuntamiento de Castellón, asistido por el Letrado de sus Servicios Jurídicos y representado por el Procurador Don Fernando Bosch Melis.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don Javier Martínez Marfil.
Antecedentes de hecho
Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la parte actora para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que terminaba suplicando que se dictase Sentencia por la que a) Declare nulas, anule o deje sin efecto las determinaciones del acto objeto de este recurso por las que se incluye el solar del recurrente en el ámbito de la Unidad de Ejecución 01 SU-R, o b) Que declare nulas, anule y deje sin efecto las determinaciones del acto objeto de este recurso por la que se califica como suelo urbanizable la parcela del recurrente, privándole de la condición de solar.
Por la parte demandada -Generalitat- se contestó a la demanda mediante escrito en el que terminaba suplicando que se dictase sentencia desestimando la demanda, con todos los pronunciamientos favorables a esa administración. Por su parte el Ayuntamiento contestó solicitando sentencia por la que se desestima el recurso y se confirmen los actos administrativos impugnados.
Habiéndose recibido el proceso a prueba, se practicó la declarada pertinente en la forma documentada en autos, tras lo cual se abrió trámite de conclusiones, que se evacuó en la forma que consta, quedando los autos pendientes de señalamiento para deliberación y fallo.
Se señaló para la votación y fallo del recurso el día 23 de abril de 2.003, habiendo tenido lugar en el citado día.
En la sustanciación de este proceso se han observado las prescripciones legales.
Fundamentos de Derecho
Es objeto del presente recurso la resolución de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana de fecha 1 de marzo de 2.000, por la que se aprueba definitivamente el PGOU de Castellón.
La impugnación se asienta en la incosntitucionalidad del art. 38.3 de la LRAU, cuya redacción, a juicio del recurrente, vulnera el art. 105.a) de la Constitución, interesando el planteamiento de la correspondiente cuestión. En segundo lugar, considera el actor que el Plan aprobado por el acto que se recurre, incurre en ilegalidad por calificar como suelo urbanizable programado el de su propiedad, excluyéndole de la condición de urbano, pese a tener los servicios urbanísticos necesarios para ser considerado solar.
Como primera cuestión el recurrente solicita el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad por apreciar que el art. 38.3 de la LRAU no respeta el art. 105 del texto contitucional, si bien no conecta el reproche con ninguna consecuencia jurídica por el padecida, es decir, que parece ejercitar como pretensión autónoma la del planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad, desvinculada de la cuestión de fondo.
Al respecto hay que indicar que como establece la STC de 5 de abril de 2001 "a diferencia del recurso, que solo puede ser iniciado por los órganos que enumeran los arts. 161.1 de la Constitución y 32 de la LOTC, y sólo dentro del plazo que fija el art. 33 de la misma, la cuestión de inconstitucionalidad puede ser planteada por cualquier órgano judicial (art. 163 de la Constitución y 35.1 de la LOTC), sea cual sea la fecha de entrada en vigor de la norma legal cuestionada", de modo que "la cuestión de inconstitucionalidad no es una acción concedida para impugnar de modo directo y con carácter abstracto la validez de la Ley, sino un instrumento puesto a disposición de los órganos judiciales para conciliar la doble obligación en que se encuentran de actuar sometidos a la Ley y a la Constitución [...] La defensa de la Constitución frente a las eventuales extralimitaciones de los órganos dotados de poder para crear normas de carácter general corresponde, en primer lugar, a los jueces y Tribunales [....] la supremacía de ésta [la Constitución] obliga también a los jueces y Tribunales a examinar, de oficio o a instancia de parte, la posible inconstitucionalidad de las leyes en las que, en cada caso concreto, hayan de apoyar sus fallos" (STC 17/1981, de 1 de junio, FJ
1). En definitiva, "el planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad es prerrogativa exclusiva e irrevisable del órgano judicial, conferida por el art. 35.1 de la LOTC como cauce procesal para resolver las dudas que él mismo pueda tener acerca de la constitucionalidad de una ley que se revela...
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