STSJ Castilla y León , 28 de Julio de 2005
| Ponente | MERCEDES PEDRAZ CALVO |
| ECLI | ES:TSJCL:2005:4471 |
| Número de Recurso | 2951/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 28 de Julio de 2005 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.CASTILLA-LEON CON/AD VALLADOLID SENTENCIA: 01653/2005 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 001 VALLADOLID 65585 C/ ANGUSTIAS S/N Número de Identificación Único: 47186 33 3 2005 0103689 Procedimiento:
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0002951 /1998 Sobre ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FINANCIERA De D/ña. Gonzalo Contra D/ña. AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO SENTENCIA Nº 1643 En Valladolid, a veintiocho de julio de dos mil cinco.
Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, constituida al amparo de lo establecido en la Disposición Transitoria única. 2 de la Ley Orgánica 6/1.998, de 13 de julio , de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la ILMA SRA MAGISTRADA DOÑA MERCEDES PEDRAZ CALVO el presente recurso en el que se impugna:
El Acuerdo de la Alcaldía del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo (León) dictado por silencio administrativo; el Decreto de dicha Alcaldía de 2-VI-98 ; y la certificación de descubierto y providencia de apremio, todos relacionados con liquidaciones por contribuciones especiales.
Son partes en dicho recurso:
Como recurrente: Gonzalo representada por el Procurador Sr. Sánchez Herrera y defendida por el Letrado Sr. Alvarez de Toledo Saavedra.
Como demandado: el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo (León) representado por la Procuradora Sra. Monsalve y defendido por Letrado.
Interpuesto y admitido a trámite el presente recurso publicado edicto en el Boletín Oficial de León y recibido el expediente administrativo, la parte recurrente dedujo demanda en la que, con base en los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados, solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se estime el recurso y "declare improcedentes y nulas las liquidaciones de las contribuciones especiales y cuantos actos ulteriores de ejecución y recaudación hayan originado las liquidaciones, ".
En el escrito de contestación, con base en los hechos y fundamentos de derecho expresados en el mismo, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestime el recurso "declarando válidas y ajustadas a derecho las liquidaciones de las contribuciones especiales así como todos aquellos actos afines a éstas como son los de ejecución y recaudación,".
El procedimiento se recibió a prueba, practicándose la documental y la testifical a instancias de la actora con el resultado que obra en autos.
Presentado por ambas partes el escrito correspondiente, se declararon conclusos los presentes autos.
Por providencia dictada al efecto se puso en conocimiento de las partes que, en cumplimiento de lo acordado por la Presidencia de esta Sala, al amparo de lo señalado en la Disposición transitoria única. 2 de la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para la resolución de este proceso la Sala se constituiría por un solo Magistrado, con indicación del que habría de resolverlo. Se declararon de nuevo los autos conclusos y vistos para sentencia.
En la tramitación del presente recurso se han observado los trámites marcados por la Ley aunque no los plazos en ella fijados dado el volumen de trabajo y la pendencia que existe en la Sala.
&n bsp; El orden de despacho y decisión de este proceso resulta de dar cumplimiento al acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 10 de septiembre de 2002.
Se impugnan en este recurso contencioso-administrativo:
-
la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto ante el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo en escrito de 6 de abril de l.998 por Gonzalo hoy actor, contra dos liquidaciones provisionales y anticipadas de contribuciones especiales a causa de obras de pavimentación de las calles del municipio de Villafranca del Bierzo, repercutidas sobre la parcela catastral NUM000 e importes respectivos de 293.363 Ptas. y 364.179 Ptas..
-
el Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo de 2 de junio de l.998 que deniega la suspensión de la ejecución de dichas liquidaciones.
-
la certificación de descubierto y la providencia de apremio expedidas por funcionarios del Ayuntamiento en relación con dichas liquidaciones.
Los motivos de impugnación de la parte recurrente pueden resumirse como sigue:
defectos formales en la elaboración de las contribuciones especiales que fundamentan las liquidaciones, falta de motivación de las liquidaciones y finalmente, que la finca litigiosa no es una sino cuatro, ni el actor es titular de la finca en relación con la cual se han girado las contribuciones especiales.
El Ayuntamiento demandado sostiene que la actuación administrativa ha sido ajustada a derecho, y en consecuencia, debe desestimarse el recurso.
Para la correcta resolución del presente recurso hemos de partir de la doctrina del Tribunal Supremo declarada en la sentencia de 9 de marzo de 2004 dictada en el recurso de casación 10098/98 :
"TERCERO.- Esta Sección y Sala del Tribunal Supremo ha dejado sentada, en sentencias, entre otras, de 16 de enero de 1996, 18 y 20 de noviembre y 4 de diciembre de 1997, 18 de abril de 1998, 9 de abril de 1999, 11 de marzo y 23 de septiembre de 2002, y, en especial, 15 de junio de 2002 , la siguiente doctrina en torno a las fases y actos administrativos (con su contenido y requisitos) que, cronológicamente, según los artículos 28 a 36, en relación con el 15 a 19, de la Ley 39/1988 , deben de seguir y adoptar los Ayuntamientos para la exacción de Contribuciones Especiales, CE:
A// Acuerdo de Imposición (provisional). El ayuntamiento en Pleno debe aprobar el acto de imposición, por el cual decide, en cada caso concreto, puesto que las Contribuciones Especiales son, a partir de la Ley 39/1988 , todas potestativas, exigir, respecto de determinadas obras o del establecimiento o ampliación de un servicio, el reparto, en el porcentaje que establezca, del coste de dichas obras y actuaciones.
En el Acuerdo de Imposición es obligado fundar y justificar que las obras o el establecimiento o ampliación del servicio de que se trate benefician especialmente a determinadas personas físicas o jurídicas y a las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria. En este Acuerdo de Imposición es fundamental fundar y justificar razonadamente el porcentaje de reparto, mediante la adecuada ponderación entre el beneficio especial y particular y el beneficio o utilidad general, que siempre debe existir, al menos en un 10 por 100. Es preciso, por tanto, aclarar que el porcentaje máximo del 90 por 100 no significa que los Ayuntamientos puedan, sin más, aplicarlo, a modo de autorización, sino que es necesario ponderar la relación interés general/beneficio especial, y así señalar el porcentaje correspondiente. La Sala es consciente de que se trata de un análisis difícil, pero que debe cumplirse hasta donde los datos disponibles lo permitan.
Por supuesto, el Acuerdo de Imposición debe referirse, con las menciones precisas, al Acuerdo de realización de las obras, o de establecimiento o ampliación del servicio público. No es necesario "stricto sensu" que en el Acuerdo de Imposición se detalle el coste correspondiente, ni los criterios o módulos de reparto, porque estas cuestiones deben ser tratadas en el Acuerdo de Ordenación provisional, que debe adoptarse simultáneamente al de Imposición.".
En el supuesto enjuiciado aparece el Acuerdo del Pleno, certificación del secretario con las menciones precisas.
La sentencia continúa examinando los requisitos:
" B// Acuerdo de Ordenación (provisional). Este Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento respectivo, simultáneamente al de Imposición, se explica del siguiente modo por el artículo 34, apartado 3, de la Ley 39/1988, de 29 de Diciembre : "El acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y contendrá la determinación del coste previsto de las obras y servicios, de la cantidad a repartir entre los beneficiarios y de los criterios de reparto. En su caso, el acuerdo de ordenación concreto podrá remitirse a la Ordenanza General de Contribuciones Especiales, si la hubiese".
Este Acuerdo de Ordenación ha sustituido al anterior Acuerdo de Aplicación, regulado en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril , con sensible pérdida de calidad técnica.
El Acuerdo de Ordenación (que no es más que una Ordenanza Fiscal específica) debe contener:
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El Coste de realización de las obras o del establecimiento o ampliación de los servicios, con el detalle preciso para su correcto conocimiento y aplicación del porcentaje establecido para las correspondientes Contribuciones Especiales.
Los datos más importantes aparecen relacionados y definidos en el artículo 31, apartado 2, de la Ley 39/1988 .
El coste total presupuestado tendrá carácter de mera previsión, pues al final debe prevalecer y tomarse el coste real, sea mayor o menor.
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Base imponible (cantidad a repartir entre los beneficiarios). Para determinar la base imponible se restarán del coste total las subvenciones recibidas por la Entidad Local, tal como indica el artículo 31, apartado 5 y 6, de la Ley 39/1988.
Al resto resultante se le aplicará el porcentaje acordado en el Acto de Imposición, que como se sabe nunca puede superar el 90 por 100.
Existen normas especiales para los casos en que las obras las realizan los concesionarios, con aportaciones de la Entidad Local (art. 31, apartados 4 y 5, de la Ley 39/1988).
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Relación de sujetos pasivos de la concreta Contribución especial. La redacción del apartado 3 del artículo 34 de la Ley 39/1988, de 28 de...
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