STSJ Murcia , 30 de Abril de 2003
| Ponente | JOAQUIN MORENO GRAU |
| ECLI | ES:TSJMU:2003:974 |
| Número de Recurso | 463/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 30 de Abril de 2003 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
12 Este documento está impreso por una sola cara.
RECURSO nº. 463/00.
SENTENCIA nº. 306/03 LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA SECCIÓN SEGUNDA compuesta por los Ilmos. Srs.:
D. Abel Ángel Sáez Doménech Presidente D. Mariano Espinosa de Rueda Jover D. Joaquín Moreno Gráu Magistrados ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente S E N T E N C I A nº 306/03.
En Murcia a 30 de abril de dos mil tres.
En el recurso contencioso administrativo nº. 463/00, tramitado por las normas ordinarias, en cuantía de 1.015.858 pesetas y referido a: comprobación de valores y liquidación I.S.D. Parte demandante: D. Pedro Antonio , representado por la Procurador Dña. Ana Galindo Marín y dirigido por el Abogado D. César A. Martínez García.
Parte demandada: LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.
Parte codemandada: LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, representada y defendida por un Letrado de sus Servicios Jurídicos.
Acto administrativo impugnado: Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia de fecha 29 de noviembre de 1.999 desestimatoria de la reclamación económico administrativa nº.
30/2299/97 presentada frente a la resolución desestimatoria de recurso de reposición formulado contra la liquidación complementaria nº 89700333 de la Oficina de Distrito Hipotecario de Lorca por el concepto de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Pretensión deducida en la demanda: Que se dicte sentencia por la que se declare la nulidad de la resolución recurrida.
Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Joaquín Moreno Gráu, quien expresa el parecer de la Sala.
I-
El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó el día 14-4-00, y admitido a trámite, y previa reclamación y recepción del expediente, la parte demandante formalizó su demanda deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.
La parte demandada y codemandada se han opuesto pidiendo la desestimación de la demanda, por ser ajustada al Ordenamiento Jurídico la resolución recurrida.
Ha habido recibimiento del proceso a prueba, con el resultado que consta en las actuaciones y cuya valoración se hará en los fundamentos de Derecho de esta sentencia.
Después de evacuarse el trámite de conclusiones se señaló para la votación y fallo el día 28-4-03.
II-
D. Pedro Antonio adquirió por escritura pública de compraventa de 18 de julio de 1.991 una vivienda sita en Lorca, AVENIDA000 , presentando autoliquidación por el concepto Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales el día 26 de julio del mismo año, consignado una base imponible de 6.250.000 pesetas.
Disconforme la Administración Tributaria practicó nueva valoración, de 11.720.160 pesetas, de la que se derivó la liquidación de 1 de septiembre de 1.997, nº 89700333 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y que tomaba una base imponible comprobada de 5.470.160 pesetas. Esta liquidación, previa desestimación de recurso de reposición, se impugnó en vía económico-administrativa, resolviéndose por resolución desestimatoria de 29 de noviembre de 1.999 que es objeto de este recurso.
La liquidación por Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones practicada a la actora es consecuencia de la aplicación de la D.A. 4ª de la Ley 8/89, al considerarse el exceso de los límites señalados en dicha disposición como incremento patrimonial a título lucrativo.
Con posterioridad a la formulación del recurso, la sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de julio de 2000 ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de disposición adicional cuarta de la Ley 8/1989, de 13 abril, de Tasas y Precios Públicos y de su reproducción en el art. 14.7 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 septiembre.
Pues bien sobre esta premisa y sin necesidad de entrar a conocer sobre las cuestiones planteadas por la parte recurrente, procede estimar el recurso contencioso administrativo al haber desaparecido la cobertura normativa de la resolución recurrida.
En lo que aquí importa la referida sentencia dice: El enjuiciamiento del precepto desde la perspectiva de los principios contenidos en el art. 31.1 CE requiere ahondar en el significado y efectos del precepto cuestionado. La disposición adicional cuarta, como se ha reiterado, tiene una finalidad declarada: persuadir a las partes contratantes en un negocio jurídico sujeto al ITP - la transmisión onerosa de un bien o derecho- para que no hagan constar en el documento público o privado que plasma la transmisión un precio notoriamente inferior al real de la operación, con el fin de defraudar a la Hacienda Pública. Es evidente, sin embargo, que, siendo la citada su finalidad, la referida disposición no va dirigida solamente a quienes, con el ánimo de defraudar, declaran un precio de la operación inferior al efectivamente pactado por las partes. El presupuesto de su aplicación, efectivamente, es la mera consignación en el correspondiente documento de un valor del bien o derecho transmitido distinto en cierta magnitud al «valor comprobado» por la Administración tributaria, con independencia de cuáles sean las razones de semejante discordancia. Pero es patente que esta diferencia de valor a la que la norma impugnada apareja automáticamente efectos negativos sobre el patrimonio de las partes intervinientes en el negocio jurídico, ni es circunstancia que suponga directamente la existencia de fraude fiscal, ni constituye un hecho del que pueda necesariamente deducirse que existe una ocultación del precio real de la operación. En efecto, no es preciso un excesivo esfuerzo de imaginación para concluir que son varias las causas por las que el «valor comprobado» por la Administración tributaria a los efectos del ITP puede exceder en más del 20 por 100 del declarado por las partes. Desde luego, no puede descartarse entre tales motivos que se haya faltado a la verdad en el precio de la operación con el ánimo de defraudar. Pero junto a éste existen muchos otros -no excepcionales- ajenos al incumplimiento del deber de contribuir, como, por ejemplo, la discrepancia sobre el valor del bien o derecho transmitido, la situación coyuntural del mercado, la necesidad perentoria de liquidez o, en fin, el simple desconocimiento de los precios del mercado.
Y tampoco puede afirmarse que declarar como «valor real» a efectos del ITP una magnitud diferente en más de un 20 por 100 al valor comprobado por la Administración sea una conducta de la que razonablemente pueda presumirse que, en la mayoría de las ocasiones, se está ocultando el precio real de la transmisión. Tal conjetura sería lógica y razonable si nuestro ordenamiento fijara el contenido exacto de la expresión «valor real» que emplea el art. 10 LITP. Sucede, sin embargo, que el «valor real» -al que debe reconducirse el valor comprobado del que habla la disposición adicional cuarta- es una magnitud indeterminada, en tanto que ni determina qué debe entenderse por valor real, ni especifica los parámetros que deben emplear en todo caso los sujetos pasivos del ITP para determinarlo, razón por la cual las discrepancias en relación con la valoración de los bienes y derechos no sólo son lógicas y razonables, sino incluso frecuentes. Esta dificultad de determinar el valor real viene a reconocerse por el propio legislador en el art. 25 de la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, precepto que, aunque autoriza -que no obliga- a los contribuyentes a consultar a la Administración sobre el valor de los bienes o derechos que vayan a ser objeto de transmisión o adquisición, establece que dicha consulta no es vinculante para la Administración, pudiendo ésta posteriormente rectificar el valor fijado en un principio. El precepto impugnado viene, por tanto, a establecer una presunción «iuris et de iure» de defraudación en aquellos casos en los que las partes han declarado un valor inferior en más de un 20 por 100 al comprobado por la Administración como «valor real», otorgando, en consecuencia, un mismo tratamiento a comportamientos de muy diversa naturaleza. Es decir, y para evitar el fraude fiscal que se produce o podría producir en uno de los tributos que gravan las transmisiones onerosas «inter vivos», la Ley se limita a establecer un tope a partir del cual las diferencias entre el valor comprobado y el declarado, amén de las consecuencias tributarias previstas con carácter general en el ordenamiento tributario para tales negocios jurídicos, llevarán aparejada un «agravamiento fiscal». La norma ni establece excepciones, ni tiene en consideración las razones por las que existen las diferencias de valor. Por otra parte, el precepto establece la ficción de la existencia de un acto de liberalidad. En efecto, por el solo hecho de que se haya consignado un valor en el documento que refleja la transmisión sensiblemente inferior al comprobado por la Administración, finge sin admitir prueba en contrario, que el transmitente ha donado al adquirente una cantidad equivalente al exceso comprobado y, en consecuencia, grava dicha operación como si de una transmisión a título lucrativo se tratase. Esto es, establece la ficción de que cuando en la transmisión onerosa de un bien o derecho se declara un valor inferior en cierta cantidad al valor real, se ha producido la donación de parte del bien...
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