STSJ Murcia , 31 de Marzo de 2004

Ponente:ABEL ANGEL SAEZ DOMENECH
Número de Recurso:716/2001
Procedimiento:CONTENCIOSO
Fecha de Resolución:31 de Marzo de 2004
Emisor:Sala de lo Contencioso
RESUMEN

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. CERTIFICACIÓN DE DESCUBIERTO. PROVIDENCIA DE APREMIO. Se trata de concretar si una vez impuesta la sanción debe suspenderse de forma automática, sin exigir garantía, desde que se presente en tiempo y forma un recurso o reclamación administrativa; y es evidente que esta consecuencia se deriva del tenor literal del art. 35, cuya claridad no necesita de mayores... (ver resumen completo)

 
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RECURSO nº. 716/01 SENTENCIA nº. 212/04 LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA SECCIÓN SEGUNDA compuesta por los Ilmos. Srs.:

Don Abel Ángel Sáez Doménech Presidente Don Mariano Espinosa de Rueda Jover Don Joaquín Moreno Grau Magistrados ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente S E N T E N C I A nº. 212/04 En Murcia a treinta y uno de marzo de dos mil cuatro.

En el recurso contencioso administrativo nº. 716/01 tramitado por las normas ordinarias, en cuantía de 225.181 ptas., y referido a: providencia de apremio para ejecutar sanción.

Parte demandante:

D. Ismael , representado por el Procurador Sr. D. José Pablo Saura Pérez y defendido por la Abogada Dª. Ana Correa Medina.

Parte demandada:

La Administración Civil del Estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.

Parte codemandada:

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, representada y defendida por un Letrado de sus Servicios Jurídicos.

Acto administrativo impugnado:

Resolución de 27 de diciembre de 2000 del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia que desestima la reclamación económico administrativa 30/1021/98 formulada contra el acuerdo de la Agencia Regional de Recaudación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra la certificación de descubierto providencia de apremio 70501297, girada para el cobro en período ejecutivo de una sanción tributaria, derivada del Impuesto sobre el Patrimonio de 1992, por importe de 1.125.903 ptas. de principal y 225.181 ptas. de recargo de apremio.

Pretensión deducida en la demanda:

Que se estime íntegramente la demanda, declarando no ser conforme a derecho la certificación de apremio impugnada, y en consecuencia la anule, con expresa imposición de costas si se opusiere, por temeridad.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. Don Abel Ángel Sáez Doménech, quien expresa el parecer de la Sala.

I.-

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó el día 21-4-01 y admitido a trámite, y previa reclamación y recepción del expediente, la parte demandante formalizó su demanda deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.

SEGUNDO

Las partes demandada y codemandada se han opuesto pidiendo la desestimación de la demanda, por ser ajustada al Ordenamiento Jurídico la resolución recurrida.

TERCERO

Ha habido recibimiento del proceso a prueba, si bien ninguna de las partes solicitó la practica de medio alguno.

CUARTO

Después de evacuarse el trámite de conclusiones se señaló para la votación y fallo el día 26-3-04.

II.-

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO

Dirige el actor el presente recurso contencioso administrativo contra la resolución de 27 de diciembre de 2000 del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia que desestima la reclamación económico administrativa 30/1021/98 formulada contra el acuerdo de la Agencia Regional de Recaudación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra la certificación de descubierto providencia de apremio nº. 70501297, girada para el cobro en período ejecutivo de una sanción tributaria, derivada del Impuesto sobre el Patrimonio de 1992, por importe de 1.125.903 ptas. de principal y 225.181 ptas. de recargo de apremio.

La cuestión litigiosa planteada radica en determinar si la citada providencia de apremio (y el correspondiente recargo), notificada en febrero de 1998, es conforme a derecho teniendo en cuenta que la Agencia Regional de Recaudación resolvió el recurso de reposición formulado contra dicha providencia, el 24-3-98 después de haber entrado en vigor la Ley 1/98, de 26 de febrero (publicada el 27-2-98 y que entró en vigor a los 20 días de dicha publicación), y que el art. 35 y disposición transitoria única de dicha Ley, disponen la suspensión automática de las sanciones desde que se interpone frente a ellas cualquier reclamación o recurso en vía administrativa o jurisdiccional.

Consta acreditado que frente a la referida sanción el actor formuló, antes de ser apremiada, reclamación económico administrativa 30/2070/97, que fue desestimada por el TEARM, y que frente a esta resolución formuló posteriormente el recurso contencioso administrativo 2836/98....

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