STSJ Andalucía , 6 de Septiembre de 2002
| Ponente | RAFAEL OSUNA OSTOS |
| ECLI | ES:TSJAND:2002:11887 |
| Número de Recurso | 706/1999 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 6 de Septiembre de 2002 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.
SALA EN SEVILLA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SECCIÓN TERCERA.
RECURSO n° 706/99 (Registro General número 2350/99)
SENTENCIA Iltmo. Sr. Presidente D. Rafael Osuna Ostos.
Iltmos. Sres. Magistrados D. Ruperto Martínez Morales D. Victoriano Valpuesta Bermudez En Sevilla, a 6 de septiembre de 2002 La Sección Tercera de la Sala en Sevilla de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha visto el recurso número 706/99 interpuesto por ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (Ministerio de Economía y Hacienda). representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado, contra resolución de TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE ANDALUCÍA, siendo parte demandada D. Pablo . La cuantía del recurso ha sido indeterminada. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. Rafael Osuna Ostos que expresa el parecer de la Sala.
I.-
Previa declaración de lesividad del acto administrativo impugnado, acordada por Orden del Director General del Catastro, por delegación del Ministro de Economía y Hacienda se presentó por el Sr. Abogado del Estado demanda de recurso contencioso- administrativo de lesividad que se dirige contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía recaída en expediente N° NUM000 acumuladas por la que se estimó la reclamación económico administrativa contra acuerdo de asignación de valor catastral. A la demanda se acompañó expediente administrativo y la copia de la declaración de lesividad.
En su escrito de demanda la parte actora expuso cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación y terminó por solicitar se dictase sentencia estimando el recurso y anulando por no ser conforme a Derecho la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía impugnada
Admitido a trámite el recurso se acordó emplazar personalmente a la parte demandada para que en el término de nueve días pudiera personarse en forma en autos, con Abogado y Procurador lo que no efectuó.
No recibido el pleito a prueba y declarada conclusas las actuaciones, se acordó traer los autos a la vista con citación de las partes para sentencia, señalándose para votación y fallo el día 6 de septiembre de 2002
La Administración General del Estado interpone recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del TEARA que estimando la reclamación formulada por la ahora parte demandada anulaba el valor catastral de una parcela de su propiedad. La resolución del TEARA estimando la pretensión del reclamante se fundamentaba en la interpretación sobre la correcta aplicación de la formula valorativa contemplada en la norma 16 de "modulación de valores" del Real Decreto 1020/93, necesaria para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. Conforme a la interpretación del TEARA. en la línea de anteriores resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central el valor catastral sería el resultante de multiplicar el coeficiente 0.5 "RM" a la suma del valor del suelo más valor de construcción. Frente a dicha interpretación se interpone el presente recurso en el que la Administración General del Estado sostiene que se ha incurrido en error interpretativo por cuanto en dicho sistema de valoración se omite aplicar el coeficiente 1.4. (coste de producción y beneficio de promoción). El asunto litigioso actual ya ha sido abordado por esta Sala (v.g. en la sentencia de 31 de julio del presente año de la Sección Primera en el rec. N°. D1384/98) en los siguientes términos.
La primera cuestión a resolver es la viabilidad de la acción de impugnación deducida por la Administración General del Estado, previa declaración de lesividad del acto impugnado adoptada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, en que se encuadra el TEARA. órgano administrativo del que procede el acto impugnado.
Desde el punto de vista formal, la declaración de lesividad se ha acordado por el órgano administrativo competente dentro del plazo de cuatro años de haberse dictado el acto impugnado y mediante orden ministerial del Departamento ministerial del que procede el acto administrativo impugnado, con lo que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 56 de la LJCA 1956 en relación al artículo 103, 2, 3 y 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y PAC. En cuanto a la concurrencia de los requisitos de fondo de la declaración de lesividad, el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956, se limita a señalar que cuando la propia Administración autora de algún acto pretendiera demandar ante la Jurisdicción contencioso-administrativa su anulación, deberá previamente declararlo lesivo a los intereses públicos de carácter económico o de otra naturaleza, en el plazo de cuatro años a contar desde la fecha en que se hubiere dictado. Aunque la interpretación jurisprudencial del precepto ha esclarecido que los intereses públicos que se estimen lesionados no se reducen a los de naturaleza económica la orden ministerial declarativa de la lesividad del acto se fundamenta en la lesión de intereses del Estado de carácter económico, y al examen de éste requisito hemos de ceñirnos. El razonamiento de la resolución declaratoria de la lesividad pone de manifiesto como la valoración catastral de los inmuebles incide no sólo en la recaudación tributaria directa del Ayuntamiento, a través del Impuesto de Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana dado que tanto en uno como en otro, el valor catastral incide en la determinación de la base imponible de estos impuestos, y por tanto, en la recaudación derivada de los mismos (artículo 60 y ss, y articulo 108 y ss de la Ley de Haciendas Locales), aspectos que aunque inciden en el ámbito de intereses de otras Administraciones, no pueden orillarse en cuanto a la consideración del perjuicio para el interés público, que no cabe confundir con el exclusivo interés de la Administración accionante, máxime si se considera...
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