STSJ Asturias 694/2016, 13 de Septiembre de 2016
| Ponente | MARIA OLGA GONZALEZ-LAMUÑO ROMAY |
| ECLI | ES:TSJAS:2016:2466 |
| Número de Recurso | 329/2015 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 694/2016 |
| Fecha de Resolución | 13 de Septiembre de 2016 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.ASTURIAS CON/AD (SEC.UNICA)
OVIEDO
SENTENCIA: 00694/2016
SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS
Sala de lo Contencioso-Administrativo
RECURSO: PO 329/15
RECURRENTE: Dª Marí Trini
PROCURADOR: D. VICTOR LOBO FERNANDEZ
RECURRIDO: CONSEJERIA DE AGROGANADERIA Y RECURSOS AUTOCTONOS
REPRESENTANTE: LETRADO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
SENTENCIA
Ilmos. Sres.:
Presidente:
D. Luis Querol Carceller
Magistrados:
D. Julio Luis Gallego Otero
Dª Olga González Lamuño Romay
En Oviedo, a trece de septiembre de dos mil dieciséis.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 329/15 interpuesto por Dª Marí Trini, representada por el Procurador D. Víctor Lobo Fernández, actuando bajo la dirección Letrada de Dª Mª Pilar Martínez Rodríguez, contra la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, representada por el Letrado del Principado de Asturias. Siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrado Dª Olga González Lamuño Romay.
Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que, en su día se dicte sentencia en la que estimando el recurso interpuesto, revoque la resolución recurrida por no estar ajustada a derecho, con imposición de costas a la parte contraria. A medio de otrosí, solicitó el recibimiento del recurso a prueba.
Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.
Por Auto de 27 de enero de 2016, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.
No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.
Se señaló para la votación y fallo del presente el día 12 de septiembre pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los trámites prescritos en la ley.
Se impugna en este proceso el Decreto 10/2015, de 11 de febrero, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias (ES 1200056) y de Muniellos (ES 1200002) y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en los concejos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, aprobado por la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Gobierno del Principado de Asturias, publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del día 21 de febrero de 2015.
Interesa la recurrente, en síntesis, que se dicte sentencia por la que estimando el recurso se declare:
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- La nulidad total del referido Decreto o, al menos, la nulidad de su artículo (punto) 3.2 titulado "zonificación"; 3.3 y 3.4 sobre régimen general de usos; 3.4 sobre regulación de usos por actividad sectorial y zonificación; punto 4, sobre medidas de gestión y anexos I al V y Disposición final cuarta del Decreto, en cuanto a su entrada en vigor y, en caso de que la nulidad no fuese total, sino solo de los artículos referidos, se declare la desafectación de los terrenos propiedad de mi mandante, declarando el derecho a la indemnización de los daños y perjuicios causados al recurrente, desde la entrada en vigor del Decreto, por no haber podido disponer plenamente de ellos, determinándose la cuantía en ejecución de sentencia, condenado al Principado a estar y pasar por estos pedimentos.
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- Subsidiariamente, para el caso que no se estimen los anteriores pedimentos, se declare la exclusión de las fincas propiedad de mi mandante del ámbito de aplicación del citado Decreto, declarando la desafectación de esos terrenos y la indemnización de los daños y perjuicios causados a la recurrente, desde la entrada en vigor del Decreto, por no haber podido disponer plenamente de ellos, determinándose la cuantía en ejecución de sentencia, condenado al Principado a estar y pasar por los anteriores pedimentos.
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- Subsidiariamente, para el caso que no se estimen los anteriores pedimentos, se declare la obligación del Principado de Asturias de indemnizar a mi mandante por haberle producido, con la aprobación del referido Decreto, unos perjuicios, daños y deméritos en sus bienes, así como el derecho a ser indemnizado y, en consecuencia, se declare, de forma alternativa, una de las siguientes opciones:
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Declarando probada la afección, que para los bienes de mi mandante supone la aprobación y entrada en vigor del Decreto, condene al Principado a indemnizarle, conforme a las bases fijadas en el apartado 4 del informe pericial que aportamos, o las mejores que resulten de la práctica de la prueba, más los intereses correspondientes, desde el momento de la entrada en vigor del Decreto.
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Declarando probado, que las afecciones que supone para las fincas de mi representado son las que se relacionan en la demanda y, particularmente, al suelo, viviendas, edificaciones, montes, explotaciones agrícolas y ganaderas, caza y otros, se declare que, en ejecución de sentencia, se fije el quantum indemnizatorio y se haga efectivo el pago con sus correspondientes intereses, desde el día de la entrada en vigor del Decreto.
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Declarando probado, que las afecciones que supone para las fincas de mi mandante son las que se relacionan en la demanda y, particularmente, al suelo, viviendas, edificaciones, montes, explotaciones agrícolas y ganaderas, caza y otros, ordene que se inicie el correspondiente expediente de expropiación parcial, a fin de que se haga efectivo el derecho de mi representada a ser resarcida por las limitaciones, perjuicios y deméritos que para sus bienes supone el Decreto recurrido.
Se argumentan como motivos de impugnación de la nulidad del Decreto10/2015: 1. La pérdida de vigencia por incumplimiento del plazo legal para la aprobación del plan de gestión del parque.
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El incumplimiento del principio de garantía de la información y participación de los ciudadanos en el diseño y ejecución de las políticas públicas.
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La falta de delimitación de las zonas de diferente utilización y destino, provocando indefensión.
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La falta de claridad en las determinaciones de las limitaciones generales y específicas para las distintas zonas, actividades, espacios y especies protegidas.
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La falta de criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean compatibles con la Ley y por falta de establecimiento de los criterios de referencia orientadores en la formulación y ejecución de las diversas políticas sectoriales que inciden en el ámbito territorial de aplicación del IGI.
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La falta de propuesta de memoria económica acerca de los costes e instrumentos financieros previstos para su aplicación.
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Vulnerar el artículo 45 de la Constitución Española .
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Vulnerar el artículo 14 de la Constitución Española .
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Incumplir los principios sobre la potestad sancionadora.
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La ilegalidad del procedimiento de revisión.
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La falta de Plan de Desarrollo Sostenible y estrangulamiento económico de la zona.
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Resultar contrario a la Ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, sobre Patrimonio Natural y Biodiversidad.
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Suponer una expropiación de derechos, sin cumplir el procedimiento previsto en la Ley de Expropiación Forzosa.
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La exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración conforme a lo previsto en el artículo 139 y siguientes de la Ley 30/1992 .
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Vulnerar la autonomía local de los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores.
A dichas pretensiones se opuso el Letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, interesando que se desestime el recurso contencioso-administrativo interpuesto de contrario, por cuanto en las distintas fases del procedimiento llevado a cabo para aprobar el Decreto 10/2015 se ha dado cumplimiento a las sentencias invocadas de contrario y a la normativa aplicable, y por considerar que no es acogible la petición de indemnización que se formula, y que es el "leit motiv" de todo el escrito de demanda, puesto que no cabe concebir el que pueda dejarse el mandato de protección del medio ambiente sometido a un derecho de propiedad ilimitado, que carezca de las limitaciones estructurales que le impone la función social que impregna todo derecho.
Entendemos que como primera cuestión debemos de pronunciarnos sobre la invocada nulidad del Decreto por incumplir el plazo legal para la aprobación del plan de gestión del parque, pues caso de prosperar haría innecesarios los restantes pronunciamientos que se plantean, dado que no existiría actuación administrativa alguna susceptible de producir ninguna de las consecuencias que se denuncian.
Se argumenta sobre este particular que se ha incumplido el plazo máximo de un año que se recoge en la Disposición Final Primera de la Ley 12/2002, de 13 de diciembre, del Parque de Las Fuentes del...
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