STSJ Andalucía 239/2016, 5 de Febrero de 2016
| Ponente | CARLOS GARCIA DE LA ROSA |
| ECLI | ES:TSJAND:2016:1710 |
| Número de Recurso | 1445/2014 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - APELACION |
| Número de Resolución | 239/2016 |
| Fecha de Resolución | 5 de Febrero de 2016 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA Nº 239/2016
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MÁLAGA
RECURSO DE APELACION Nº 1445/14
ILUSTRÍSIMOS SEÑORES:
PRESIDENTE
Dª. MARIA DEL ROSARIO CARDENAL GOMEZ
MAGISTRADOS
D. SANTIAGO CRUZ GOMEZ
D. CARLOS GARCIA DE LA ROSA
Sección Funcional 3ª
______________________________________________
En la ciudad de Málaga, a cinco de febrero de dos mil dieciséis.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el recurso de apelación registrado con el número de rollo 1445/14, interpuesto en nombre de AYUNTAMIENTO DE SAYALONGA representado y asistido por el Sr. Letrado Consistorial, contra la sentencia 81/14, de 4 de marzo, dictado por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 3 de Málaga en el seno del procedimiento ordinario 127/2007; habiendo comparecido como apelado CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA representado y asistido por el Sr. Letrado de la Junta de Andalucíarepresentado y asistido por el Sr. letrado de la Diputación Provincial de Málaga, se procede a dictar la presente resolución.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. CARLOS GARCIA DE LA ROSA, quien expresa el parecer de la Sala.
Por el Sr. Letrado de la Junta de Andalucía en nombre y representación de la CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta de la solicitud de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho dirigida frente al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sayalonga de fecha 4 de octubre de 2005 por el que se aprobaba el proyecto de actuación para la construcción de vivienda unifamiliar aislada en suelo no urbanizable, pago "La Fuentezuela", parcela 1564 del polígono 2 del término municipal de Sayalonga.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Málaga dictó, en este recurso contencioso-administrativo tramitado con el nº PO 127/2007, sentencia de fecha 4 de marzo de 2014 por la que estimaba el recurso contencioso administrativo interpuesto.
Contra dicha sentencia por el Sr. Letrado de SEPRAM en nombre de Ayuntamiento de Sayalonga se interpuso Recurso de Apelación, en el que se exponen los correspondientes motivos y que fue admitido a trámite, y del que se dio traslado a las partes personadas, oponiéndose a la estimación del recurso la representación procesal de CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, se remitieron seguidamente las actuaciones a esta Sala de lo Contencioso-Administrativo.
No habiéndose solicitado celebración de vista o presentación de conclusiones, quedaron los autos, sin más trámite para votación y fallo, designándose ponente y señalándose seguidamente día para votación y fallo, fecha en que tuvo lugar.
La sentencia recurrida estima el recurso planteado frente a la desestimación presunta de la solicitud de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho dirigida frente al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sayalonga de fecha 4 de octubre de 2005 por el que se aprobaba el proyecto de actuación para la construcción de vivienda unifamiliar aislada en suelo no urbanizable, pago "La Fuentezuela", parcela 1564 del polígono 2 del término municipal de Sayalonga. Avala la legitimación de la Junta de Andalucia para instar la revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho consumido el plazo para el ejercicio de la acción prevenida en el art. 65 de LBRL, en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo representada por la Sentencia de fecha 29 de septiembre de 2010 . De otro lado entiende suficientemente identificado el motivo de nulidad de pleno derecho invocado por la Administración autonómica y bastante la descripción de los hechos en los que descansa, y entiende pertinente ordenar a la corporación demandada la iniciación tramitación y resolución del expediente de revisión de oficio.
Frente a esta sentencia se alza la Administración local apelante solicitando el dictado de sentencia que revoque la de instancia, insiste en la concurrencia de un motivo de inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo previsto en el art. 69.b) LJCA por falta de legitimación de la Junta de Andalucía para instar un procedimiento de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho instado luego superado el plazo para interponer recurso contencioso administrativo previsto en el citado art. 65 de LBRL, y aduce la ausencia de identificación del motivo de nulidad invocado al amparo de lo previsto en el art. 62.1 de LRJAP y PAC que debe en cualquier caso determinar la inadmisión de la solicitud de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho.
La representación de la administración autonómica se opone al recurso de apelación planteado y solicita la confirmación íntegra de la sentencia de instancia en base a sus propios fundamentos.
La cuestión tocante a la legitimación que ostenta la Administración autonómica para instar la revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho al amparo de lo previsto en el art. 102 de LRJAP y PAC una vez agotado el plazo previsto en el art. 65 de LBRL, ha sido ya abordada reiteradas veces por esta Sala y siempre en idéntico sentido hemos dicho, como en la sentencia de fecha 14 de octubre de 2014 (rec. 692/2011 ) o en la de 30 de diciembre de 2014 (rec. 1114/2012 ) referida esta última a la misma corporación aquí apelante que "en efecto, sobre la cuestión de si a la Administración autonómica sólo le cabe reaccionar contra un acto municipal como el impugnado en la instancia por el cauce específico de los artículos 65 y 66 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (requerimiento de anulación con posterior impugnación del acto o acuerdo de que se trate ante la jurisdicción contencioso- administrativa o impugnación directa en dicho orden jurisdiccional, siempre que la Administración autonómica considere, en el ámbito de sus competencias, que el acto o acuerdo de la entidad local infringe el ordenamiento jurídico o que menoscaba sus competencias, interfieren su ejercicio o exceden de la competencia de la entidad de que se trate) o si le es dado actuar por otras vías, los preceptos aludidos y correlativos artículos 215 y 216 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales confieren amplias posibilidades de actuación en el ámbito de control de la actuación de los Entes Locales a la Administración autonómica, mediante la introducción de técnicas que, como afirma la STS 14 febrero 2011 (casación en interés de ley 61/2009) constituyen un procedimiento formalizado en sí mismo, con una habilitación legal propia reconocida en la Ley de Bases del Régimen Local y en el artículo 8.2 de la Carta Europea de Autonomía Local, para asegurar el respecto a la legalidad y a los principios constitucionales.
Indiscutiblemente, el procedimiento que contemplan los referidos preceptos -próximo al de los recursos administrativos que pueden interponer los interesados (utilizando este término en el sentido de personas físicas a que hacen mención los artículos 31 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ), ex artículos 107 al 117 de la Ley 30/1992, es netamente distinto del procedimiento de revisión de oficio a que hace mención el artículo 102 del mencionado Cuerpo legal, procedimiento que tiene por objeto o finalidad específicos facilitar la depuración de los vicios de nulidad radical o absoluta de que adolecen los actos administrativos, con el inequívoco propósito de evitar que el transcurso de los breves plazos de impugnación de aquellos derive en su consolidación definitiva.
Se persigue, pues, mediante este cauce procedimental -que la STS 31 octubre 2006 califica de "medio impugnatorio extraordinario" y la STS 13 julio 2004 de "excepcional remedio"- ampliar las posibilidades impugnatorias, evitando que una situación afectada por una causa de nulidad de pleno derecho quede perpetuada en el tiempo y produzca efectos jurídicos pese a adolecer de un vicio de tan relevante trascendencia ( SSTS 19 diciembre 2001, 27 diciembre 2005, 27 diciembre 2006, 18 diciembre 2007 y 6 marzo 2009, entre otras).
Hay que destacar que a dicho procedimiento específico remiten no ya solo, desde la perspectiva de la normativa básica en materia de régimen local, los artículos 4.1.g ) y 53 de la Ley 7/1985 y el artículo 218.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales sino, en lo que hace al ámbito urbanístico en concreto, la legislación autonómica de Andalucía, al preceptuar el artículo 190.1 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía que " Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las licencias urbanísticas y las órdenes de ejecución, así como cualquier otro acto administrativo previsto en esta Ley, cuyo contenido constituya o habilite de manera manifiesta alguna de las infracciones urbanísticas graves o muy graves definidas en esta Ley, deberán ser objeto de revisión por el órgano competente, de conformidad con lo establecido en legislación reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común " (esto es, de...
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