STSJ Comunidad de Madrid 19/2016, 18 de Enero de 2016
| Ponente | MIGUEL ANGEL GARCIA ALONSO |
| ECLI | ES:TSJM:2016:283 |
| Número de Recurso | 635/2015 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Número de Resolución | 19/2016 |
| Fecha de Resolución | 18 de Enero de 2016 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Décima C/ Génova, 10, Planta 2 - 28004
33010280
NIG: 28.079.00.3-2014/0005338
Recurso de Apelación 635/2015
Recurrente : D. /Dña. Gonzalo
PROCURADOR D. /Dña. ANA MARIA LEON RODRIGUEZ
Recurrido : Delegación de Gobierno Comunidad de Madrid. Mº de Política Territorial y Admón. Pública
Sr. ABOGADO DEL ESTADO
SENTENCIA Nº 19/16
Presidente:
D. /Dña. Mª DEL CAMINO VÁZQUEZ CASTELLANOS
Magistrados:
D. /Dña. FRANCISCA ROSAS CARRION
D. /Dña. MIGUEL ANGEL GARCÍA ALONSO
D. /Dña. RAFAEL VILLAFAÑEZ GALLEGO
D. /Dña. Mª DEL MAR FERNÁNDEZ ROMO
En Madrid a 18 de enero de 2016.
Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, constituida en Sección por los Señores anotadas al margen, el recurso de apelación número 635/2015 interpuesto por don Gonzalo, representado por el/la procurador /a, doña Ana María León Rodríguez contra la Sentencia de fecha 26 de mayo de 2015, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 33 de Madrid, en el Procedimiento Abreviado nº 111/2014, que desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución dictada por el Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid de fecha 7 de febrero de 2014, que acordó su expulsión de territorio español por un periodo de cinco años.
Siendo parte apelada la Administración demandada por el Abogado del Estado.
Notificada la sentencia referida, cuyo fallo desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto, la representación de la parte actora, interpuso recurso de apelación, solicitando su revocación y que se decrete la nulidad de la resolución administrativa referida, basándose en los hechos que constan.
Notificada la anterior Sentencia, se interpuso recurso de apelación, en el plazo de los quince días siguientes, que fue admitido en ambos efectos por providencia en la que también se acordó dar traslado del mismo a las demás partes para que, en el plazo común de quince días, pudieran formalizar su oposición.
Formuladas alegaciones por la parte apelada, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo elevó los autos y el expediente administrativo, en unión de los escritos presentados, a la Sala de lo Contencioso-administrativo.
Recibidas las actuaciones se acordó dar a los autos el trámite previsto en los artículo 81 y siguientes de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; y no habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista o la presentación de conclusiones, se señaló para la deliberación y fallo del presente recurso de apelación el día 13 de enero de 2016 en cuyo acto tuvo lugar su celebración.
En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, y en y 81 y siguientes de particular las previsiones de los artículos 80.3 la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. MIGUEL ANGEL GARCÍA ALONSO, quien expresa el parecer de la Sección.
El presente recurso de apelación tiene por objeto la Sentencia de 26 de mayo de 2015, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 33 de Madrid, en el Procedimiento Abreviado nº 111/2014, que desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución dictada por el Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid de fecha 7 de febrero de 2014, que acordó su expulsión de territorio español por un periodo de cinco años.
La referida sentencia entendió que no se ha aportado documentación alguna que acredite la estancia legal en territorio nacional, que se ignora cuándo y por donde entró en España, ni acredita arraigo familiar.
Por el recurrente se alega que sí tiene arraigo con domicilio, trabajo estable, que tiene familia con residencia legal y que ha solicitado permiso de trabajo y residencia.
Alega falta de proporcionalidad de la sanción impuesta, entendiendo que debió imponerse una sanción pecuniaria y no la expulsión del territorio nacional, que es la multa la consecuencia prevista con carácter general para la infracción apreciada, según los artículos 55 y 57 de la Ley Orgánica 8/2000 .
Frente a ello la parte apelada, interesó la desestimación del presente recurso, argumentando en líneas generales, que la actuación cuestionada se ajustó en todo momento a la legalidad.
Entrando a conocer de lo alegado, en primer lugar con referencia a los documentos que acrediten su residencia legal en España, como dispone el Artículo 11 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana : Los extranjeros que se encuentren en territorio español están obligados a disponer de la documentación que acredite su identidad y el hecho de hallarse legalmente en España, con arreglo a lo dispuesto en las normas vigentes.
El recurrente, no aportó documento ni solicitó prueba alguna en el proceso jurisdiccional, que acredite su estancia legal en España.
Entrando a conocer del fondo del asunto, la sentencia de 28 de febrero de 2007 dictada por el Tribunal Supremo, sección 5ª Rec. 8772/2003, con relación a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (artículos 49 -a), 51-1-b ) y 53-1 ), determina que en los supuestos en que en el expediente administrativo consten, además de la permanencia ilegal, otros datos negativos sobre la conducta del interesado o sus circunstancias, y esos datos sean de tal entidad que, unidos a la permanencia ilegal, justifiquen la expulsión, no dejará ésta de estar motivada porque no se haga mención de ellos en la propia resolución sancionadora.
Pues bien, esto último es lo que ocurre en el presente caso en que a la permanencia ilegal en España del actor se une la circunstancia de que no sólo se encontraba irregularmente en España, sino que no acreditó la fecha de su entrada en España, ignorándose cuándo y por dónde entró en territorio español, infringiendo con ello las normas sobre entrada reguladas en el Capítulo I del RD. 864/01, de 20 de Julio. Hechos sobre los que nada se ha acreditado ni en el expediente administrativo ni en vía judicial, no presenta ningún otro documento...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
STSJ Comunidad de Madrid 528/2016, 2 de Noviembre de 2016
...(rec. 470/2015, Roj STSJ M 293/2016 ), 26 de enero de 2016 (rec.480/2015, Roj STSJ M 295/2016 ), 18 de enero de 2016 (rec.635/2016, Roj STSJ M 283/2016 ) y 21 de diciembre de 2015 (rec. 505/2015, Roj STSJ M 14979/2015 Entendemos, además, que la cita jurisprudencial anterior debe completarse......
-
STSJ Comunidad de Madrid 530/2016, 2 de Noviembre de 2016
...(rec. 470/2015, Roj STSJ M 293/2016 ), 26 de enero de 2016 (rec.480/2015, Roj STSJ M 295/2016 ), 18 de enero de 2016 (rec.635/2016, Roj STSJ M 283/2016 ) y 21 de diciembre de 2015 (rec. 505/2015, Roj STSJ M 14979/2015 Entendemos, además, que la cita jurisprudencial anterior debe completarse......