STSJ Galicia 424/2015, 7 de Octubre de 2015
| Ponente | MARIA DOLORES RIVERA FRADE |
| ECLI | ES:TSJGAL:2015:7129 |
| Número de Recurso | 15475/2014 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 424/2015 |
| Fecha de Resolución | 7 de Octubre de 2015 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.4
A CORUÑA
SENTENCIA: 00424/2015
- N11600
PLAZA GALICIA S/N
N.I.G: 15030 33 3 2014 0001170
Procedimiento : PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0015475 /2014 /
Sobre: ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FINANCIERA
De D./ña. CONSELLERIA DE FACENDA
LETRADO LETRADO COMUNIDAD
PROCURADOR D./Dª.
Contra D./Dª. TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, PARAVENTO S.L.
LETRADO ABOGADO DEL ESTADO, ELENA FERNANDEZ SANCHEZ
PROCURADOR D./Dª., IGNACIO PARDO DE VERA LOPEZ
PONENTE: Dª MARIA DOLORES RIVERA FRADE
EN NOMBRE DEL REY
La Sección 004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pronunciado la
SENTENCIA
Ilmos./as. Sres./as. D./Dª
JOSE MARIA GOMEZ Y DIAZ CASTROVERDE
JUAN SELLES FERREIRO
FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA
MARIA DOLORES RIVERA FRADE
MARIA DEL CARMEN NUÑEZ FIAÑO
A CORUÑA, siete de octubre de dos mil quince.
En el recurso contencioso-administrativo que, con el número 15475/2014, pende de resolución ante esta Sala, interpuesto por CONSELLERIA DE FACENDA, representada por el letrado COMUNIDAD (SERVICIO PROVINCIAL), contra ACUERDO DEL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE 12/9/13 SOBRE I.T.P.A.J.D. Y SANCION. Es parte la Administración demandada el TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE GALICIA, representado por el ABOGADO DEL ESTADO y la codemandada PARAVENTO S.L. representada por el procurador D. Ignacio Pardo de Vera López.
Es ponente la Ilma. Sra. Dª MARIA DOLORES RIVERA FRADE
Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo a la parte recurrente para deducir la oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, en síntesis, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que se estimaron pertinentes, se acabó suplicando que se dictase sentencia declarando no ajustada a Derecho la resolución impugnada en este procedimiento.
Conferido traslado a las partes demandadas, se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de Derecho consignados en las contestaciones de la demanda.
No habiéndose recibido el asunto a prueba y declarado concluso el debate escrito, quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.
En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del mismo de 626.472,64 euros.
El presente recurso jurisdiccional lo dirige los servicios jurídicos de la Xunta de Galicia contra el acuerdo del Tribunal Económico-administrativo Central de 12 de septiembre de 2013 que estima las reclamaciones económico-administrativas promovidas por la entidad "Paravento, S.L." contra los acuerdos liquidatorio y sancionador derivado de aquél, dictadas por el Servicio de Inspección Tributaria de la Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia por importes de 372.610,03 # y 253.862,61 #, respectivamente.
La cuestión que se somete a estudio en la presente litis, versa sobre si las autorizaciones administrativas que habilitan el funcionamiento de los parques eólicos están sujetas o no al ITP, siendo la cuestión jurídica controvertida si existe o no en estos casos un servicio público a los efectos previstos en el artículo 13 del RD Legislativo 1/1993 .
Esta cuestión ya ha sido resuelta por este Tribunal en la sentencia recaída en fecha 22 de enero de 2014 (Procedimiento ordinario número 15555/2012).
Aquí como allí, la controversia que mantienen las partes en el procedimiento se centra en dirimir si las autorizaciones administrativas que se conceden a las instalaciones de generación de energía ecléctica pueden considerarse actos equiparables a las concesiones administrativas a efectos de sujeción al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
Centrado el debate en el seno de la fiscalidad del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales, decir a continuación que nos encontramos ante un tributo de naturaleza indirecta que conforme a lo dispuesto en el artículo primero del Decreto Legislativo 21/1993, de 24 de septiembre, grava las transmisiones patrimoniales onerosas, las operaciones societarias y los actos jurídicos documentados.
En cuanto a los supuestos gravados, los artículos 13 a 18 recogen unas reglas especiales entre las que debemos destacar, en lo que aquí interesa, la prevista en el artículo 13, que se refiere a las concesiones administrativas. Este precepto es del siguiente tenor literal:
" 1. Las concesiones administrativas tributarán con el tipo que, conforme a lo previsto en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, haya sido aprobado por la Comunidad Autónoma (...)".
Añade en su apartado segundo que " 2. Se equipararán a las concesiones administrativas, a los efectos del impuesto, los actos y negocios administrativos, cualquiera que sea su modalidad o denominación, por lo que, como consecuencia del otorgamiento de facultades de gestión de servicios públicos o de la atribución del uso privativo o del aprovechamiento especial de bienes de dominio o uso público, se origine un desplazamiento patrimonial en favor de particulares ".
El contenido de esta norma no deja margen de duda sobre la posibilidad de que negocios jurídicos sometidos a un régimen autorizatorio, y no solo al concesional, pueden quedar sujetos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, lo que comulga a su vez con el principio de calificación establecido en el artículo
2.1 del Decreto Legislativo 1/1993, según el cual " El impuesto se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica del acto o contrato liquidable, cualquiera que sea la denominación que las partes le hayan dado, prescindiendo de los defectos, tanto de forma como intrínsecos, que puedan afectar a su validez y eficacia ". Exigiéndose pues el impuesto con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica o económica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o la denominación utilizada, y prescindiendo de los defectos que pudiesen afectar a su validez, como así se recoge en el artículo 13 de la LGT .
El mismo precepto ha permitido al Tribunal Supremo establecer que en Derecho Fiscal el concepto de concesión administrativa tiene un ámbito mayor que en el Derecho Administrativo ( STS de 31 de octubre de 1996, que se cita en la posterior de 5 de marzo de 2007 -Recurso de Casación núm. 1007/2002-), conforme resulta de los artículos 7.1 b, en relación con el artículo 13, ambos del TRITP y AJD, sin que ello suponga una extensión del hecho imponible prohibida por la LGT, puesto que se trata de un ejemplo de definición por el ordenamiento tributario previsto en el artículo 23.2 de dicha Ley (LGT de 1963, que tiene su equivalente en el artículo 12.2 de la vigente Ley 54/2003 ), y admisible desde la autonomía de esta rama del ordenamiento jurídico.
O como ya se ha pronunciado el mismo Tribunal en su sentencia de 17 de mayo de 2010 (Recurso de Casación núm. 1645/2005 ) " en este ámbito la legislación tributaria crea una noción autónoma y se separa de los conceptos estrictamente administrativos para definir el hecho imponible, proceder correcto a la luz del artículo 23.2 de la Ley General Tributaria de 1963 ".
Ahora bien, en el presente caso lo que se trata de averiguar es si la prestación del servicio de generación y suministro de energía eléctrica, aun no revistiendo la forma de concesión administrativa, queda sujeta al ITP. La solución a este tema pasa por comprobar si con motivo de la autorización administrativa que se concede a las empresas para la prestación de este servicio, se les otorgan facultades de gestión de un servicio público, y si el otorgamiento de la autorización administrativa, y por tanto la prestación de ese servicio, comporta un desplazamiento patrimonial en favor de la entidad prestadora, que es lo que exige la Ley para poder encajarla en el hecho imponible del impuesto.
El TEAC en resolución de 14 de junio de 2012 señalaba que lo determinante para hablar de servicio público no es la índole de la actividad en sí (en este caso la producción o el suministro de energía eléctrica) sino más bien la entidad y el alcance del interés general al que sirve la configuración jurídica de dicha actividad, su régimen. Y que cuando se refiere a un interés general o público debe considerarse que la actividad con la que aquél se satisface o garantiza debe organizarse en términos que impliquen al menos la restricción en algún punto de la libre competencia en su ejercicio.
Compartimos con el TEAC que servicio público se trata de una noción carente de definición legal. En el marco jurídico actual, con la influencia de la normativa comunitaria, no se puede dar una definición de servicio público que iguale a su definición tradicional.
Y compartimos con la Letrada de la Xunta de Galicia que a los efectos de analizar el alcance de este concepto con un alcance general no se puede distinguir entre actividad de generación de energía eléctrica, y actividades de suministro, distribución y transporte, pues, en efecto, cuando la Ley 54/1997 define su objeto incluye la actividad de generación, junto con las de transporte, distribución, servicios de recarga energética, comercialización e intercambios intracomunitarios e internacionales, así como la gestión económica y técnica del sistema eléctrico, dentro del concepto más amplio de suministro de energía eléctrica; aunque sí es verdad que mientras que en la Ley 54/1997 las actividades de transporte y de distribución tienen la...
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