STSJ Canarias 282/2014, 16 de Diciembre de 2014

Ponente:MARIA DEL PILAR ALONSO SOTORRIO
Número de Recurso:29/2014
Procedimiento:RECURSO DE APELACIóN
Número de Resolución:282/2014
Fecha de Resolución:16 de Diciembre de 2014
Emisor:Sala de lo Contencioso
RESUMEN

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. No podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

SENTENCIA

Ilmo. Sr. Presidente Don Pedro Hernández Cordobés

Ilmo. Sr. Magistrado Don Rafael Alonso Dorronsoro

Ilma. Sra. Magistrado Doña María del Pilar Alonso Sotorrío (Ponente)

En Santa Cruz de Tenerife a 16 de diciembre de 2014, visto por esta Sección Primera de la SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS, con sede en Santa Cruz de Tenerife, integrada por los Señores Magistrados anotados al margen, el RECURSO DE APELACIÓN seguido con el nº 29/2014, interpuesto por TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A. y en su representación y defensa el Letrado de sus Servicios Jurídicos, habiendo sido parte como demandada SOCIEDAD CANARIA DE TELEVISIÓN REGIONAL S.A. (SOCATER), representado/a por el Procurador de los Tribunales Doña Sonia González González y dirigido/a por el Abogado Don Ángel Montesdeoca García, se ha dictado EN NOMBRE DE S.M. EL REY, la presente sentencia con base en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Pretensiones de las partes y hechos en que las fundan

A.- Por el Juzgado nº 2 de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife se dictó Sentencia de fecha 31 de octubre del 2013 con el siguiente fallo: estimar parcialmente el recurso, declarando la disconformidad a derecho del acto administrativo impugnado, anulándolo y declarando el derecho de SOCATER S.A. a ser admitida como licitadora y a que continúe el procedimiento de contratación hasta su finalización una vez valorada la oferta y adjudicación del mismo, sin condena en costas.

B.- La representación de la parte actora interpuso recurso de apelación contra dicha resolución interesando que, estimando en todas sus partes el recurso, se acordase haber lugar al recurso anulando la sentencia impugnada, desestimando en el fondo el recurso en su día interpuesto con expresa condena en costas.

C.- La representación procesal de la demandada se opuso al recurso interpuesto e interesó que, previos los trámites oportunos, se dictase resolución por la que se desestimase el recurso y se confirmase la resolución recurrida en todos sus términos.

SEGUNDO

Conclusiones, votación y fallo

No siendo necesaria la práctica de prueba ni la celebración de vista, se señaló día para la votación y fallo, teniendo lugar la reunión del Tribunal, habiéndose observado las formalidades legales en el curso del proceso, dándose el siguiente resultado y siendo ponente el Ilma. Sra. Magistrado Doña María del Pilar Alonso Sotorrío que expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO

Objeto del recurso Constituye el objeto del presente recurso de apelación determinar la adecuación o no a derecho de la sentencia dictada por el Juzgado nº 2 de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife el pasado día 31 de octubre del 2013.

La representación procesal de la parte actora recurre en apelación la sentencia dictada por las consideraciones siguientes:

Consta decisión de cambiar el modelo vigente de gestión en lo referido a la ejecución del bloque de programas audiovisuales, por lo que debe procederse a adoptar medidas a fin de dejar sin efectos los procedimientos selectivos de contratación que estuvieran en fase de tramitación.

La ley no lo contemplaba expresamente pero no lo prohíbe.

Se trata de una interpretación restringida y restrictiva, dado que a partir de la Ley 30/2007 se recoge como opción plenamente ajustada a la legalidad.

Existe libertad de pactos en el Art. 4 del TRLCAP 2000 como en el Art. 25 de la Ley 30/07 .

La Directiva 2004/18 CE del Parlamente Europeo y Consejo de 31/3/2004 reconoce en el Art. 41 la posibilidad de renuncia a la adjudicación del contrato para el que se ha convocado una licitación.

La obligación de transposición es del Estado español, debiendo dar la primacía al derecho comunitario y vincular a los jueces nacionales a interpretar el derecho nacional conforme a aquella.

Aplicación del principio de interpretación conforme a las directivas.

Las sentencias invocadas por la sentencia y dictadas por el TS no tiene el valor que le atribuye el juzgador, dado que en ninguno de los casos ese argumento es el que conduce a la anulación.

Por otra parte el TS en sentencia de 1 de junio del 1988 se admitió el muto disenso para resolver un contrato y "con más razón habrá que admitirlo en un procedimiento de contratación no concluido2. O la de 9 de julio del 2001 que declara que no existía derecho alguno a la adjudicación del contrato.

La demandada contesta al recurso solicitando su desestimación por entender que:

La administración queda sujeta a las potestades administrativas, no habiendo actuado dicho desistimiento habrá que decidir sobre la facultad de desistir y el ejercicio que de ello ha efectuado.

Lo no regulado queda prohibido, el TRLCAP aprobado por el RDL 2/2000 no regula dicho desistimiento precontractual, así lo ha declarado el TS en sentencia de 4/7/2007 y 16/12/2004, de modo que queda imposibilitada la declaración de desierta una licitación si existen ofertas admisibles.

La ley 30/2007 introduce dicha posibilidad.

El ius variandi de la administración exige motivación para desterrar la arbitrariedad.

Bajo la regulación del RDL 3/11 tampoco procede el desistimiento pues se funda en la existencia de infracción de norma jurídica, es decir solo por causas de legalidad y no de oportunidad.

La motivación del acto es irrazonable por remisión del acuerdo de gobierno de 13/11/2007.

No existe modificación de modelo de gestión, lo que se produjo es la extinción de unos procedimiento de contratación por desviación de poder. Se sigue acudiendo a contratación de terceros

La aplicabilidad del art. 4 1de la Directiva 2004/18 deber rechazarse al ser una cuestión nueva.

La inexistencia de crédito no es usada como motivación por el acuerdo del gobierno ni en el acto de desistimiento, siendo incorporada ex novo en el procedimiento contencioso.

La administración apelante se opone al recurso de apelación de la apelada conforme a las siguientes alegaciones:

Más allá de lo señalado en el recurso de apelación se interesa la confirmación de la sentencia en cuanto no existe desviación procesal.

La parte insto la anulación del acto impugnado y se declare el derecho a ser licitadora, continuar el procedimiento de contratación hasta la finalización una vez valorada su oferta y adjudicación del mismo.

No cabe...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA