STSJ Cataluña 795/2014, 23 de Diciembre de 2014
| Ponente | EDUARDO RODRIGUEZ LAPLAZA |
| ECLI | ES:TSJCAT:2014:13064 |
| Número de Recurso | 208/2013 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN CONTRA SENTENC |
| Número de Resolución | 795/2014 |
| Fecha de Resolución | 23 de Diciembre de 2014 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
ROLLO Nº: 208/2013
APELANTE: GENERALITAT DE CATALUNYA (AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA)
C/ CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
SENTENCIA Nº795/2014
Ilustrísimos Señores Magistrados:
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MANUEL TÁBOAS BENTANACHS.
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FRANCISCO LÓPEZ VÁZQUEZ.
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EDUARDO RODRÍGUEZ LAPLAZA.
BARCELONA, a veintitrés de diciembre de dos mil catorce.
Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el recurso de apelación nº 208/2013, seguido a instancia de la GENERALITAT DE CATALUNYA (AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA), representada por el ADVOCAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, contra la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO, representada por el ABOGADO DEL ESTADO, sobre Medio Ambiente.
En la tramitación del presente rollo de apelación ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don EDUARDO RODRÍGUEZ LAPLAZA, quien expresa el parecer de la Sala.
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- Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Lleida y en los autos 336/2012, se dictó Sentencia nº 176/2013, de 5 de julio, cuya parte dispositiva en la parte menester estableció "1º) ESTIMAR íntegramente el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la Confederación Hidrográfica del Ebro. 2º) ANULAR, como consecuencia del ordinal anterior y por resultar disconforme a Derecho, el acto administrativo que había sido objeto de impugnación judicial, descrito en el Fundamento Jurídico Primero de esta sentencia.
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- En la vía del recurso de apelación, recibidas las actuaciones correspondientes y habiendo comparecido la parte apelante finalmente se señaló día y hora para votación y fallo, que ha tenido lugar el día 7 de noviembre de 2014, a la hora prevista.
Por la Agència Catalana de l'Aigua del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya se dictó resolución por virtud de la que, en esencia, se resolvió "modificar l'autorització d'abocament a llera pública de les aigües residuals depurades procedents de l'activitat de venda al detall de carburants per a l'automoció que Disa Península, S.L.U. desenvolupa al terme municipal d'Alcarràs, atorgada mitjançant resolució del 4 de desembre de 2009 i que ja va ser modificada l'11 d'octubre de 2011, en el sentit d'eliminar l'abocament de les aigües residuals sanitàries i mantenir únicament el de les aigües hidrocarburades"".
Formulado recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Lleida y en los autos 419/2012, se dictó Sentencia nº 75/13, de 22 de marzo, estimatoria del recurso deducido contra aquel acto.
La parte apelante formula sus motivos de apelación, sustancialmente y así debe centrarse el examen jurídico, desde las siguientes perspectivas:
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Se insiste en la dicción literal del artículo 144.1.g) del Estatuto de 2006 en cuento reconoce a la Generalitat de Catalunya en su ámbito territorial la competencia ejecutiva sobre la intervención administrativa de los vertidos en las aguas superficiales y subterráneas.
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Frente a la protección de la unidad de cuenca hidrográfica se insiste en que el vertido de aguas residuales está integrada en las materias de medio ambiente y se reitera la aplicación del artículo 144.1.g) precitado, y los artículos 111 y 112 del mismo Estatuto.
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La defensa de tratarse de una materia de medio ambiente igualmente se trata de apoyar en el artículo 144 del Estatuto de 2006.
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En todo caso la normativa anterior e inferior no perjudica el régimen del Estatuto de 2006 y la perspectiva de medio ambiente queda aceptada en la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 .
La decisión del presente recurso ha de partir de las siguientes consideraciones:
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- Nos ocupa la temática litigiosa en relación con la resolución de la Agència Catalana de l'Aigua del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya por virtud de la que, en esencia, se resolvió otorgar autorización de vertido de aguas residuales en el ámbito de la cuenca hidrográfica del río Ebro.
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- Debe reconocerse que se cuenta con todo un acervo de doctrina del Tribunal Constitucional, en la vía del recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que no procede desconocer y que interesa ir relacionando del siguiente modo:
2.1.- Así en la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 31/2010, de 16 de julio, a cuyo tenor:
2.1.1.- En atención a lo argumentado en sus Fundamentos de Derecho QUINCUAGÉSIMO-SÉPTIMO A SEXUAGÉSIMO PRIMERO, especialmente al respecto de los artículos 110, 111 y 112 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en materia de "competencias exclusivas", "Competencias compartidas" y "Competencias ejecutivas" en los siguientes términos:
"QUINCUAGÉSIMO-SÉPTIMO.- Un límite cualitativo de primer orden al contenido posible de un Estatuto de Autonomía es el que excluye como cometido de ese tipo de norma la definición de categorías constitucionales. En realidad, esta limitación es la que hace justicia a la naturaleza del Estatuto de Autonomía, norma subordinada a la Constitución, y la que define en último término la posición institucional del Tribunal Constitucional como intérprete supremo de aquélla. Entre dichas categorías figuran el concepto, contenido y alcance de las funciones normativas de cuya ordenación, atribución y disciplina se trata en la Constitución en cuanto norma creadora de un procedimiento jurídicamente reglado de ejercicio del poder público. Qué sea legislar, administrar, ejecutar o juzgar; cuáles sean los términos de relación entre las distintas funciones normativas y los actos y disposiciones que resulten de su ejercicio; cuál el contenido de los derechos, deberes y potestades que la Constitución erige y regula son cuestiones que, por constitutivas del lenguaje en el que ha de entenderse la voluntad constituyente, no pueden tener otra sede que la Constitución formal, ni más sentido que el prescrito por su intérprete supremo ( art. 1.1 LOTC ).
En lo que hace específicamente a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, los Estatutos son las normas constitucionalmente habilitadas para la asignación de competencias a las respectivas Comunidades Autónomas en el marco de la Constitución. Lo que supone, no sólo que no puedan atribuir otras competencias que no sean las que la Constitución permite que sean objeto de atribución estatutaria, sino, ante todo, que la competencia en sí sólo pueda implicar las potestades que la Constitución determine. El Estatuto puede atribuir una competencia legislativa sobre determinada materia, pero qué haya de entenderse por "competencia" y qué potestades comprenda la legislativa frente a la competencia de ejecución son presupuestos de la definición misma del sistema en el que el Ordenamiento consiste y, por tanto, reservados a la Norma primera que lo constituye. No es otro, al cabo, el sentido profundo de la diferencia entre el poder constituyente y el constituido ya advertido en la STC 76/1983, de 5 de agosto . La descentralización del Ordenamiento encuentra un límite de principio en la necesidad de que las competencias cuya titularidad corresponde al Estado central, que pueden no ser finalmente las mismas en relación con cada una de las Comunidades Autónomas -en razón de las distintas atribuciones competenciales verificadas en los diferentes Estatutos de Autonomía-, consistan en facultades idénticas y se proyecten sobre las mismas realidades materiales allí donde efectivamente correspondan al Estado si no se quiere que éste termine reducido a la impotencia ante la necesidad de arbitrar respecto de cada Comunidad Autónoma, no sólo competencias distintas, sino también diversas maneras de ser competente.
En su condición de intérprete supremo de la Constitución, el Tribunal Constitucional es el único competente para la definición auténtica -e indiscutible- de las categorías y principios constitucionales. Ninguna norma infraconstitucional, justamente por serlo, puede hacer las veces de poder constituyente prorrogado o sobrevenido, formalizando uno entre los varios sentidos que pueda admitir una categoría constitucional. Ese cometido es privativo del Tribunal Constitucional. Y lo es, además, en todo tiempo, por un principio elemental de defensa y garantía de la Constitución: el que la asegura frente a la infracción y, en defecto de reforma expresa, permite la acomodación de su sentido a las circunstancias del tiempo histórico.
OCTAVO.- Lo anterior es de la mayor importancia para el adecuado planteamiento de una de las cuestiones de fondo capitales suscitadas por el nuevo Estatuto catalán. La defensa de la constitucionalidad del Estatuto se fundamenta en no pocas ocasiones en la circunstancia de que muchas de las soluciones en él adoptadas en punto a la distribución de competencias y, sobre todo, a la definición del sentido y alcance de las competencias mismas y de las materias sobre las que se proyectan, se compadecen perfectamente con las que se han ido decantando por el Tribunal Constitucional en casi treinta años de jurisprudencia. Que el Estatuto se acomode efectivamente a tales soluciones -que en la opinión del Gobierno y el Parlamento catalanes habrían tenido su sede natural en la Constitución o, en su defecto, en los Estatutos, pero no en la jurisprudencia, por más que las circunstancias históricas hayan hecho necesario el recurso a esa fuente normativa, en puridad, a su juicio, extravagante-, no resuelve...
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