STSJ Murcia 756/2011, 18 de Julio de 2011
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 756/2011 |
| Fecha | 18 Julio 2011 |
T.S.J.MURCIA SALA 2 CON/AD
MURCIA SENTENCIA: 00756/2011
ROLLO DE APELACIÓN nº 508/10
SENTENCIA nº.756/ 11
LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA
SECCIÓN SEGUNDA
compuesta por los Ilmos. Srs.:
-
Abel Ángel Sáez Doménech
Presidente
Dª .Leonor Alonso Díaz Marta
Dª.Ascensión Martín Sánchez
Magistradas
ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
S E N T E N C I A nº 756/ 11
En Murcia a dieciocho de julio de dos mil once.
En el rollo de apelación nº 508/10 seguido por interposición de recurso de apelación contra la sentencia nº 296/10, de fecha veintiocho de abril del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº cuatro de Murcia dictada en el recurso contencioso administrativo nº.946/08, en cuantía indeterminada, en el que figuran como parte apelante D. Ricardo, nacional de ECUADOR representado por el Procurador D. Álvaro Conesa Fontes y dirigido por la Abogada Dª. Susana Eva Pérez Vaca y como parte apelada la Delegación del Gobierno, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado, sobre expulsión y prohibición de entrada en España; siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª. Ascensión Martín Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
ÚNICO.- Presentado el recurso de apelación referido, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia, lo admitió a trámite y después de dar traslado del mismo a la Administración demandada para que formalizara su oposición, remitió los autos junto con los escritos presentados a Sala, la cual designó Magistrado ponente y acordó que quedaran los autos pendientes para dictar sentencia; señalándose para que tuviera lugar la votación y fallo el 8-07- 11.
La sentencia apelada estima en parte el recurso contencioso administrativo formulado por el recurrente D. Ricardo, nacional de ECUADOR, en el expediente administrativo, sin familia ni arraigo en España y sin domicilio conocido, contra la resolución de la Delegación del Gobierno de Murcia, de fecha 1-09-08, que desestima recaída en el expediente nº NUM000, que acuerda la expulsión del mismo y la prohibición de entrada en España durante siete años, por infringir el art. 53 a) de la L.O. 4/2000, reformada por L. O. 8/2000, sobre derechos y libertades de los Extranjeros en España y su integración social, por encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido o tener caducada más de tres meses la prórroga de estancia, la autorización de residencia o documentos análogos cuando fueren exigibles y siempre que el interesado no hubiera solicitado la renovación de los mismos en el plazo previsto reglamentariamente. Y constarle antecedentes policiales por delito de malos tratos.
Rechaza el Juzgado los motivos de oposición alegados por la parte recurrente: que eran: 1º) DEFECTOS FORMALES y 2º) Falta de proporcionalidad y 3º de motivación de la sanción frente a la sanción pecuniaria.
Y señala la sentencia que los hechos constituyen una infracción grave a tenor del Art. 53,a de la ley 4/2000, en la redacción dada por Ley 8/2000, y se faculta a la administración sancionadora, para adoptar la medida de expulsión y que el acuerdo esta motivado,que los funcionarios son los que realizan el atestado fue detenido por agentes de la policía nacional quienes realizaron el correspondiente atestado y lo pusieron a disposición de la brigada de Extranjería, como señala la sentencia recurrida en el fundamento jurídico segundo. Y en cuanto a la medida de expulsión acordada ha de considerarse correcta y motivada al venir autorizada en el art. 57.1º de la LO.4/2000, como medida sustitutoria de la sanción de multa, y constarle antecedentes policiales. Y que es correcta la prohibición de entrada en España durante siete años, al ser la situación del recurrente la mas grave de las contempladas en el art. 53 .a, al carecer de autorización para encontrarse en nuestro país, y la resolución sancionadora esta motivada y resulta respetuosa con las exigencias del Art. 54.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, toda vez consta en el mismo los hechos que se imputan, el precepto infringido. Y que esta motivado la sanción de expulsión pero no el tiempo de prohibición de entrada en nuestro país por 7 años, al constar las razones por las que se prohíbe durante 7 años. Y desestima el recurso.
Se aceptan los hechos y fundamentos de derecho de la sentencia apelada, en todo lo que no se oponga expresamente a esta sentencia.
Es bien sabido que el recurso de apelación tiene por objeto la sentencia apelada, que debe ser objeto de crítica.
El apelante, estima que se ha vulnerado el principio de proporcionalidad y que esta identificado con su numero de pasaporte y NIE y solicita se revoque la sentencia.
La parte apelada la Delegación del Gobierno, a través del Sr. Abogado del Estado solicita la confirmación de la sentencia recurrida.
Alega como motivos de impugnación: Falta de proporcionalidad de la sanción. Y con cita de jurisprudencia.
En cuanto motivos de fondo alegados se dan por reproducidos los argumentos expuestos por el Juzgador de instancia por motivación de referencia.
Insiste en alegar el apelante la violación del principio de proporcionalidad, por situación personal de arraigo en España, extremo sobre el que, esta Sala a la vista de la jurisprudencia última del Tribunal Supremo y carencia de pruebas que acrediten el arraigo alegado debe desestimar esta alegación.
El Tribunal Supremo al estudiar este principio ha considerado que el carácter reglado de la potestad sancionadora impide que la Administración pueda tener libertad para elegir soluciones distintas, pero igualmente justas, indiferentes jurídicamente ( STS de 23-1-89 y 3-4-90 ), lo que significa que las sanciones, deben ser impuestas en cada caso atendiendo a las circunstancias de graduación establecidas en la normativa aplicable. Por lo tanto no cabe mantener que la sanción de expulsión en vez de la de multa aplicables según el art. 57 de la Ley 4/2000, modificada por Ley 8/2000, pueda ser impuesta de forma arbitraria sin atender a dichas circunstancias, ni que pueda ser impuesta discrecionalmente en todas las infracciones graves como la aquí cometida, ni que tal discrecionalidad no pueda ser controlada por los Tribunales. La Administración a través de un proceso reglado, que puede ser controlado por estos últimos, debe averiguar, cual es la sanción que debe imponer en cada caso. Se trata de buscar la sanción justa y proporcionada a la infracción cometida, lo que comporta que en el supuesto de que como consecuencia de dicha búsqueda reglada llegue a la conclusión de imponer una determinada sanción, deba expresar las circunstancias que ha tenido en cuenta al respecto para hacer...
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