STSJ Castilla y León 1125/2010, 15 de Septiembre de 2010
| Ponente | RAFAEL ANTONIO LOPEZ PARADA |
| ECLI | ES:TSJCL:2010:4741 |
| Número de Recurso | 1125/2010 |
| Procedimiento | RECURSO SUPLICACION |
| Número de Resolución | 1125/2010 |
| Fecha de Resolución | 15 de Septiembre de 2010 |
| Emisor | Sala de lo Social |
T.S.J.CASTILLA-LEON SOCIAL
C/ANGUSTIAS S/N
Tfno: 983413204-208 R.L.
Fax:983.25.42.04
NIG: 34120 44 4 2006 0000619
N02700
TIPO Y Nº DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0001125 /2010
JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM : 0000274 /2006 del JDO. DE LO SOCIAL nº: 002 DE PALENCIA
Recurrente/s: ADIF
Abogado/a: AGUSTÍN CALDERON MARTINEZ DE AZCOITIA
Recurrido/s: Geronimo
Abogado/a: INES MUÑOZ DIEZ
Rec. Núm: 1125/2010
Ilmos. Sres.
Dª Mª del Carmen Escuadra Bueno
Presidenta en funciones
D. José Manuel Riesco Iglesias
D. Rafael A. López Parada /
En Valladolid a quince de Septiembre de dos mil diez.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta por los Ilmos. Sres. anteriormente citados ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A En el Recurso de Suplicación núm. 1125 de 2.010, interpuesto por ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) contra sentencia del Juzgado de lo Social Nº 2 de Palencia (Autos:274/06) de fecha 12 de Mayo de 2010, en demanda promovida por Geronimo contra la Entidad demandada y recurrente. sobre RECLAMACION DE DERECHO Y CANTIDAD, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. DON Rafael A. López Parada.
Con fecha 4 de julio de 2006, se presentó en el Juzgado de lo Social de Palencia Número Dos, demanda formulada por la parte actora en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó sentencia en los términos señalados en su parte dispositiva.
En referida Sentencia y como Hechos Probados constan los siguientes:"
El demandante D. Geronimo, con D.N.I. NUM000 ., presta servicios para la demandada ADMINISTRACION DE INFRAESTRUTURAS FERROVIARIAS (ADIF) con una antigüedad de 10-10-1995, con la categoría profesional de 531 MONTADOR I.S.M., percibiendo un salario mensual con inclusión de prorrata de pagas extras de 1.186,18 euros.
El demandante ha realizado desde el mes de noviembre de 2005 a marzo de 2006, las siguientes horas extraordinarias:
Noviembre 2005, 3,30 horas- Diciembre 2005, 0 horas.- Enero 2006, 1.50 horas. Febrero 2006, 8 horas.- Marzo 2006, 9 horas.
El actor ha percibido las siguientes cantidades por las horas extras realizadas:
MES Percibido
Diciembre 2005 24.05
Enero 2006 0
Febrero 2006 10,93
Marzo 2006 58.30
Abril 2006 65,59
El demandante presentó Reclamación previa el 04-04-2006".
Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la parte demandada, fue impugnado por la parte demandante. Elevados los autos a esta Sala, se designó Ponente, acordándose la participación a las partes de tal designación.
El primer motivo de recurso se ampara en la letra a del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral y denuncia la vulneración de los artículos 24 de la Constitución, 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 97 de la Ley de Procedimiento Laboral por incongruencia omisiva, "entendida como desajuste entre el fallo judicial y los términos en que esta parte formuló sus alegaciones de oposición a la demanda". Se dice que la sentencia no razona sobre el argumento alegado por la parte de que la estimación de la demanda vulneraría los límites al crecimiento de la masa salarial establecidos en la Ley de Presupuestos. De la propia "incongruencia" denunciada resulta claramente que, a pesar de lo que dice la parte recurrente, no se alega un desajuste entre las excepciones alegadas y el fallo, por cuanto en el mismo no se omite pronunciamiento sobre una excepción formulada por la parte, sino un supuesto desajuste entre lo alegado y los fundamentos de la sentencia, por cuanto en los mismos (y no en el fallo) se omitiría razonar sobre unas alegaciones de la parte demandada. Hay que subrayar también que la parte recurrente no pide la nulidad de la sentencia, sino solamente la desestimación de la demanda en cuanto al fondo, según resulta claramente del suplico de su recurso, lo que resulta incongruente con esta primera alegación, puesto que si fuese atendida habría de anularse la sentencia, algo que no se pide expresamente, y en ningún caso podría dar lugar a una desestimación de la demanda por razones de fondo. Pues bien, en relación con la incongruencia alegada, la doctrina del Tribunal Constitucional en sentencia de 20 de febrero de 2008 en los recursos de amparo acumulados 1907/2003 y 1911/2003 nos dice que en relación con supuestos de "incongruencia omisiva", el Tribunal Constitucional ha declarado en forma constante, desde la sentencia 20/1982, de 5 de mayo, que es preciso ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso para determinar si el silencio de la resolución judicial representa una auténtica lesión del artículo 24.1 de la Constitución o, por el contrario, puede interpretarse razonablemente como una desestimación tácita que satisface las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva, y que a estos efectos es preciso distinguir entre las alegaciones aducidas por las partes para fundamentar sus pretensiones y las pretensiones en sí mismas consideradas. De tal modo que, si bien respecto de las primeras no sería necesaria una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, siendo suficiente, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales, la exigencia de congruencia, referida a la pretensión misma, es más rigurosa. Concretamente respecto de esta última y para poder concluir que la omisión no alcanza relevancia constitucional, es preciso que del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución pueda razonablemente deducirse, no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos en que se fundamenta la respuesta tácita (sentencia 5/2001, de 15 de enero ). Pues bien, como se ha dicho en este caso no estamos ante una omisión en cuanto a la contestación de una excepción, sino ante el silencio en la contestación de un argumento de la parte, lo que por los motivos antedichos queda fuera del requisito de congruencia. Por otro lado, dado que se pide una resolución desestimatoria en cuanto al fondo y no la nulidad, lo que deberá hacer esta Sala es analizar dicho argumento para resolver sobre el mismo.
El segundo motivo de recurso se ampara en la letra c del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral y denuncia la vulneración, sin cita concreta de artículos, de la Ley General de Presupuestos y de las Leyes anuales de presupuestos.
Pues bien, cuando los órganos judiciales sociales han afrontado el problema de la aplicación de las limitaciones derivadas de las leyes presupuestarias a la subida salarial, se ha entendido que se trata de un problema estrictamente de prevalencia de la Ley sobre el convenio colectivo, como principio consagrado en los artículos 3 y 85 del Estatuto de los Trabajadores y que el Tribunal Constitucional ha expresado también, como sucede con las sentencias 177/1988, de 10 de octubre, 58/1985, de 30 de abril y 210/1990, de 20 de diciembre, en las que declaró la prevalencia jerárquica de la Ley sobre el convenio, por cuya razón éste debe respetar y someterse a lo dispuesto con carácter necesario por aquélla, primacía que no puede perderse de vista a la hora de afrontar el problema del alcance y del valor normativo del convenio colectivo. Esa es la línea doctrinal de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, entre otras, en las sentencias de 9 de diciembre de 1995 (RCUD 532/95) y, expresamente sobre la cuestión que aquí nos ocupa, de 22 diciembre 2005 (RCUD 197/2003 ). Por consiguiente el efecto de las restricciones derivadas de la Ley presupuestaria es, como expresamente se señala en el texto de las mismas (aunque el mismo experimenta variaciones los diferentes años y tiene una cierta complejidad interpretativa), la nulidad de los pactos individuales y colectivos, puesto que la autonomía individual y colectiva queda limitada por Ley y, por ello, queda fuera del poder de disposición de las partes el acordar subidas salariales que impliquen una subida de la masa salarial por encima de la prevista en la Ley de presupuestos anual.
Sin embargo no es este el caso, puesto que aquí no estamos ante una confrontación entre lo previsto en el convenio colectivo y la Ley y ni siquiera se discute la legalidad de un pacto de subida salarial. En este caso la limitación de la masa salarial global prescrita por la Ley presupuestaria se intenta alzar como obstáculo para el cumplimiento de la Ley laboral, lo que es algo sustancialmente distinto a lo hasta ahora resuelto por la jurisprudencia. Es cierto que los actos unilaterales del empleador público y los pactos individuales o colectivos suscritos por el mismo, en cuanto entran dentro de su poder de disposición, quedan limitados por las prescripciones de la Ley de presupuestos. Pero tales limitaciones, a juicio de esta Sala, no son aplicables cuando se trata de actos debidos, esto es, de aplicación pura y simple de las prescripciones legales. De lo contrario nos encontraríamos con situaciones realmente paradójicas, como que un trabajador que viniera cobrando su salario por debajo del salario mínimo interprofesional no tuviera derecho a percibir éste si se superase el tope de subida de la masa salarial, o que un trabajador con contrato en prácticas o para la...
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ATS, 5 de Abril de 2011
...Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid de fecha 15 de septiembre de 2010, en el recurso de suplicación número 1125/10, interpuesto por ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Pale......