STSJ Comunidad de Madrid 831/2005, 16 de Junio de 2005

Ponente:JUAN FRANCISCO LOPEZ DE HONTANAR SANCHEZ
Número de Recurso:155/2005
Número de Resolución:831/2005
Fecha de Resolución:16 de Junio de 2005
Emisor:Sala de lo Contencioso
RESUMEN

JUSTICIA GRATUITA. Es decir debe garantizarse el ejercicio de los Derechos y además los principios rectores son el de funcionalidad y eficiencia en la aplicación de los fondos públicos. Estos principios propugnan que si no es imprescindible la representación por Procurador pueda asumir la misma el Letrado y evidentemente ello es menos gravoso para el erario público pues no se han de abonar los... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

SENTENCIA: 00831/2005

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

ROLLO DE APELACIÓN Nº 155/2005

RECURRENTE:

Imanol

Letrada Doña Adela Peralta Martos

RECURRIDO

Delegación del Gobierno en Madrid

Abogado del Estado

SENTENCIA

Nº R/ 831

----Ilustrísimos Señores:

Presidente:

D. Juan F López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

D. Francisco Javier Canabal ConejosD. Marcial Viñoly Palop

En la Villa de Madrid a dieciséis de Junio del año dos mil cinco.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el rollo de Apelación nº 155 de 2.005 dimanante del Procedimiento Abreviado número 518 de 2.004, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 24 de los de Madrid , en virtud del recurso de apelación interpuesto por Imanol asistido y representado por la Letrada Doña Adela Peralta Martos contra el auto de inadmisión dictado en el mismo. Han sido parte la apelante y como apelado la Administración del Estado (Delegación del Gobierno en Madrid) asistida y representada por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

El día 15 de Diciembre de 2.004, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 24 en el Procedimiento Abreviado número 518 de 2.004, se dictó auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «Se acuerda la inadmisión y el archivo de las presentes actuaciones. Sin imposición de costas a la recurrente.- Expídase testimonio de la presente resolución para su unión a los autos principales.-Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN en el plazo de QUINCE DÍAS siguientes al de su notificación y una vez conste notificada y firme la misma, procédase al Archivo de las actuaciones, previas las anotaciones oportunas en los libros de su razón.»

SEGUNDO

Por escrito presentado el día 28 de Diciembre de 2.005 la Letrada Doña Adela Peralta Martos en nombre y representación de Imanol interpuso recurso de apelación contra la citada resolución formulando los motivos de impugnación frente a la resolución recurrida y terminó solicitando que en su día y previos los trámites legales se dictara resolución que revoque el auto apelado disponiendo la admisión a trámite de la demanda interpuesta por esta Letrado en nombre y representación de Imanol o designe Procurador de los del Turno de oficio continuándose con el Procedimiento hasta concluido que era en todas sus fases, dictar una Sentencia que acoja favorablemente el petitio de la demanda.

TERCERO

Por providencia de fecha 29 de Diciembre de 2.004 se admitió a trámite el recurso y se acordó dar traslado del mismo a la parte demandada, presentándose por el Abogado del Estado escrito el día 19 de Enero de 2.005 se opuso al mismo y solicitó su desestimación y la confirmación de la Resolución recurrida.

CUARTO

Por resolución de 7 de Febrero de 2.005 se elevaron las actuaciones a este Tribunal, correspondiendo su conocimiento a esta sección segunda, siendo designado Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. Don Juan F López de Hontanar Sánchez, señalándose el día 16 de Junio de 2.005 para la deliberación votación y fallo del recurso de apelación, al no estimarse preciso por la sala ni el recibimiento a prueba ni el trámite de conclusiones.

QUINTO

En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones de los artículos 80.3 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 29/1.998 .

QUINTO

En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones de los artículos 80.3 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 29/1.998 .

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

El auto del Juzgado de instancia recurrido en apelación acuerda el archivo de las actuaciones al no entender subsanado el defecto de falta de representación toda vez que entendía el Letrado designado de oficio no tenía atribuida dicha representación de su cliente sino tan solo su asistencia técnica, esto es su defensa.

SEGUNDO

Debe señalarse que el auto en cuestión estuvo precedido por la providencia de 19 de Noviembre de 2004, notificada exclusivamente al Letrado que firmaba la demanda en la que se le requería a fin de que en el plazo de DIEZ DÍAS aportara designación de letrado de oficio, y además poder general para pleitos, o bien otorgara la representación apud-acta en la Secretaría del Juzgado, bajo apercibimiento de archivo, habiéndose aportado el 11 de Noviembre de 2004 designación de oficio se dictó el auto recurrido en el que se inadmitia la demanda por no aportar poder notarial u otorgar representación apud acta.

TERCERO

A los efectos de una correcta resolución de la presente cuestión debe partirse de losreferentes constitucionales. Así la Sentencia del Tribunal Constitucional 2003/182 de 20 de Octubre señala que dicho Tribunal ha declarado reiteradamente, desde la temprana la Sentencia del Tribunal Constitucional 19/1981, de 8 de junio , que el derecho a la tutela judicial efectiva, que se reconoce en el artículo 24.1 de la Constitución , comprende, primordialmente, el derecho de acceso a la jurisdicción, es decir, el derecho a provocar la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial, por lo que el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso se erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva (por todas, la Sentencia del Tribunal Constitucional 115/1999, de 14 de junio F. 2 ). Ahora bien, al ser el derecho a la tutela judicial efectiva un derecho prestacional de configuración legal, su efectivo ejercicio se encuentra supeditado a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que, en cada caso, haya establecido el legislador, quien no puede, sin embargo, fijar obstáculos o trabas arbitrarios o caprichosos que impidan el acceso al proceso, vulnerando la tutela judicial garantizada constitucionalmente ( Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1987, de 18 de noviembre ). Por esta razón, también se satisface el derecho a la tutela judicial con la obtención de una resolución de inadmisión, que impide entrar en el fondo de la cuestión planteada, si esta decisión se funda en la existencia de una causa legal que así lo justifique, aplicada razonablemente por el órgano judicial (entre otras, la Sentencias del Tribunal Constitucional 108/2000, de 5 de mayo; y 201/2001, de 15 de octubre . Pero también hemos dicho que los órganos judiciales están constitucionalmente obligados a aplicar las normas que regulan los requisitos y presupuestos procesales teniendo siempre presente el fin perseguido por el legislador al establecerlos, evitando cualquier exceso formalista que los convierta en obstáculos procesales impeditivos de acceso a la jurisdicción que garantiza el art. 24.1 CE , lo que, sin embargo, no puede conducir a que se prescinda de los requisitos establecidos por las Leyes que ordenan el proceso y los recursos, en garantía de los derechos de todas las partes Sentencias del Tribunal Constitucional 17/1985, de 9 de febrero, y 64/1992, de 29 de abril . No en vano, ha señalado este Tribunal que el principio hermenéutico "pro actione" opera en el ámbito del acceso a la jurisdicción con especial intensidad, de manera que, si bien tal principio no obliga a la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles, sí proscribe aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA