STSJ Cataluña 291/2014, 31 de Marzo de 2014
| Ponente | RAMON GOMIS MASQUE |
| ECLI | ES:TSJCAT:2014:3186 |
| Número de Recurso | 934/2011 |
| Procedimiento | RECURSO ORDINARIO (LEY 1998) |
| Número de Resolución | 291/2014 |
| Fecha de Resolución | 31 de Marzo de 2014 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
RECURSO ORDINARIO (LEY 1998) 934/2011
Partes: GENERALITAT DE CATALUNYA C/ T.E.A.R.C. Y Gonzalo
S E N T E N C I A Nº 291
I lmos. Sres.
PRESIDENTE
D. RAMON GOMIS MASQUÉ
MAGISTRADOS
D. DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
D. JOSÉ LUÍS GÓMEZ RUIZ
En la ciudad de Barcelona, a treinta y uno de marzo de dos mil catorce.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado, en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso-administrativo núm. 934/2011, interpuesto por la Administración de la GENERALITAT DE CATALUNYA, contra la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO -TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CATALUÑA-, ambas representadas por sus propios servicios jurídicos, habiendo actuado como codemandado
D. Gonzalo, representada por el Procurador D. JOSÉ BLANCAHAR GARCÍA.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. RAMON GOMIS MASQUÉ, quien expresa el parecer de la SALA.
Por la Sra. Abogada de la Generalitat de Catalunya, en nombre y representación de la Administración autonómica, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (en adelante, TEARC), de fecha 24 de febrero de 2011, que estima la reclamación económico-administrativa núm. NUM000, interpuesta a por la representación de D. Gonzalo contra la liquidación por valores comprobados núm. A-32/2007, con una deuda a ingresar de 12.028,96 #, que le fue girada por la Oficina Liquidadora de Falset del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación; en cuyos escritos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron, la actora, el dictado de una sentencia estimatoria que anule la resolución del TEARC impugnada y confirme la actuación tributaria de la que trae causa, y la defensa y representación de la Administración del Estado y del la codemandado, la desestimación del recurso.
Seguidos los preceptivos trámites, se acordó el señalamiento para votación y fallo del recurso, que tuvo lugar el día fijado al efecto.
En la sustanciación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.
Interpuesta por la aquí codemandada la antes referida reclamación económicoadministrativa, la resolución del TEARC impugnada la estima, al apreciar la caducidad del procedimiento de comprobación de valores instruido como consecuencia del incumplimiento del plazo máximo para notificar la resolución establecido en el artículo 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT). El TEARC, tras señalar que procede la anulación de la liquidación por valores comprobados por la caducidad del procedimiento, indica expresamente que «sin que la interposición de la presente reclamación tenga carácter interruptivo de la prescripción de conformidad con el criterio sentado por Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 26 de octubre de 2010 (RG 00-4337-2009) en la que se expone:
"Lo argumentado hasta ahora, a la vista de la regulación expresa contenida en los artículos 92 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y actual 104.5 de la Ley 58/2003, General Tributaria, nos conduce a negar efectos interruptivos de la prescripción a cuantas reclamaciones y recursos ha interpuesto el interesado en plazo para obtener de los Tribunales aquella declaración de caducidad.
Al margen de la conservación de determinadas actuaciones instruidas en el seno del procedimiento caducado ( art. 104.5 de la Ley 58/2003, que, ni tan sólo resultaría de aplicación al caso, atendida la fecha de entrada en vigor de tal norma), y que únicamente responden a la ponderación de los principios administrativos y tributarios antes señalados, lo cierto es que la normativa administrativa y tributaria tantas veces citada, suprime todos los efectos jurídicos que eventualmente pudieran dimanar de aquel procedimiento caducado, en una clara voluntad de eliminar todo rastro jurídico del procedimiento instruido, salvaguardando, eso sí, el derecho sustantivo del órgano administrativo actuante para el que, simplemente, el procedimiento caducado es inocuo, ni lo perjudica ni interrumpe el plazo de prescripción. La preservación de esos efectos legales, derivados de la perención del procedimiento que la caducidad supone, exigen que tampoco interrumpa el cómputo del plazo de prescripción del derecho sustantivo el recurso o reclamación dirigido a que sea declarada la caducidad del procedimiento"».
Aunque en el petitum de la demanda artículada en la presente litis, la defensa y representación de la Administración recurrente pretende que anulemos la resolución del TEARC y confirmemos la actuación tributaria de la Administración autonómica de la que trae causa, lo cierto es que ninguno de los alegatos de la demanda combaten que cuando la liquidación que origina la presente litis se notificó a la interesada el 11 de junio de 2007, ya se había excedido el plazo de duración maximo de seis meses previsto en el artículo 134 de la LGT, por remisión al artículo 104 de la misma Ley, al haber sido notificado el inicio del procedimiento de comprobación de valores el 16 de octubre de 2006 y no existir dilaciones imputables al contribuyente o causa justificada de interrupción.
En consecuencia, la segunda de las pretensiones declarativas que pretende la actora no podría en ningún caso prosperar, aún cuando la resolución del TEARC no se ajustara a Derecho, pues el acto de la Administración autonómica objeto de la reclamación no se ajusta a derecho, al haberse dictado la liquidación en un procedimiento caducado, y como estimó el TEARC procedía por tal causa la anulación del acto objeto de la reclamación y el reconocimiento del derecho a la devolución de los ingresos en su caso indebidamente efecuados en tal concepto.
A la vista de las alegaciones del escrito de demanda, se desprende que la recurrente no cuestiona la estimación de la reclamación y la anulación de la liquidación impugnada, sino que se alza únicamente contra la declaración que se efectua en el fundamento de derecho quinto del la resolución del TEARC recurrida en el sentido de que la interposición de la reclamación no tuvo carácter interruptivo de la prescripción.
En tal sentido, alega que no nos hallamos ante el supuesto previsto en la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 26 de octubre de 2010, pues ésta se refiere a que no interrumpe el plazo de prescripción del derecho sustantivo el recurso o reclamación dirigido a que sea declarada la caducidad del procedimiento, mientras que en el caso de autos el reclamante no interpuso la reclamación para que se declarara la caducidad del procedimiento, sino que ésta fue apreciada de oficio por el TEARC, y que, en cualquier caso, el criterio de aquella resolución infringue el artículo 68.1.b) de la Ley 58/2003, que sin distinción alguna establece que el cómputo del plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria se interrumpe «por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase», así como la doctrina del Tribunal Supremo en sentencias de 8 de mayo de 2008 y 20 de mayo de 2009 conforme a la cual la estimación de las reclmaciones económico-administrativas, por causa de anulabilidad, no de nulidad, no comporta el cese del efecto interruptivo de la prescripción; añadiendo que el hecho de que las actuaciones caducadas no interrumpan la prescripción no implica que la interposición de la reclamación o recurso no lo interrumpan, pues la caducidad no es causa de nulidad de pleno derecho.
De adverso, el Abogado del Estado se opone a la estimación del recurso remitiéndose a los hechos y fundamentos de la resolución impugnada, mientras que la codemandada sostiene la conformidad a Derecho del acto impugnado, aduciendo, en apretada síntesis, que la sentencias invocadas por la demandante se refieren a supuestos distintos del que nos ocupa y que es de aplicación el criterio establecido en la tan repetida resolución del TEAC, aunque la caducidad del procedimiento fuera apreciada de oficio por el TEARC.
Planteado el debate dialéctico en los términos sucintamente expuestos, la cuestión controvertida es estrictamente jurídica y consiste en determinar si, caducado un procedimiento de gestión de los tributos, en el que la caducidad no se declaró de oficio por la Oficina gestora, sino en la vía económicoadministrativa al resolver la reclamación contra la liquidación resultante, si tal reclamación tiene o no virtualidad interruptiva del plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria.
El artículo 8 de la Ley 58/2003, establece una reserva de ley, entre otras materias, para el establecimiento y modificación de los plazos de prescripción y caducidad, así como de las causas de interrupción del cómputo de los plazos de prescripción (no así para las causas de interrupción del cómputo de los plazos de caducidad).
El artículo 68.1 LGT prevé como motivos de interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante...
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