STSJ Castilla y León 717/2014, 4 de Abril de 2014
| Ponente | FRANCISCO JAVIER PARDO MUÑOZ |
| ECLI | ES:TSJCL:2014:1537 |
| Número de Recurso | 1178/2010 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 717/2014 |
| Fecha de Resolución | 4 de Abril de 2014 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.CASTILLA-LEON CON/AD
VALLADOLID
SENTENCIA: 00717/2014
Sección Tercera
N11600
N.I.G: 47186 33 3 2010 0101961
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001178 /2010
Sobre: ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FINANCIERA
De D. Alfredo, Edemiro, Elisenda, Mónica
LETRADO D. DAVID MONEO LOMANA
PROCURADORA D.ª LAURA SANCHEZ HERRERA
Contra TEAR
ABOGADO DEL ESTADO
Ilmos. Sres. Magistrados:
Don AGUSTÍN PICÓN PALACIO
Doña MARÍA ANTONIA DE LALLANA DUPLÁ
Don FRANCISCO JAVIER PARDO MUÑOZ
Don FRANCISCO JAVIER ZATARAÍN Y VALDEMORO
En Valladolid, a cuatro de abril de dos mil catorce.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, integrada por los Magistrados expresados al margen, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA NÚM. 717/14
En el recurso contencioso-administrativo núm. 1178/10 interpuesto por don Edemiro y doña Elisenda, y don Alfredo y doña Mónica, representados por la Procuradora Sra. Sánchez Herrera y defendidos por el Letrado Sr. Moneo Lomana, contra Resolución de 30 de abril de 2010 del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Valladolid (reclamaciones económicoadministrativas acumuladas núms. NUM000, NUM001, NUM002 y NUM003 ), siendo parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por la Abogacía del Estado, sobre Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 2003 a 2005 (liquidación y sanción). Ha sido ponente el Magistrado don FRANCISCO JAVIER PARDO MUÑOZ, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito de fecha 14 de julio de 2010 don Edemiro y doña Elisenda, y don Alfredo y doña Mónica interpusieron recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 30 de abril de 2010 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, desestimatoria de las reclamaciones económico-administrativas acumuladas núms. NUM000, NUM001, NUM002 y NUM003 en su día presentadas contra los Acuerdos adoptados por el Inspector Coordinador de la Delegación Especial de Castilla y León de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Palencia por los que se practicaban liquidaciones en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 2003 a 2005, y se imponían las sanciones tributarias derivadas de las anteriores liquidaciones, de cuantía todas ellas inferiores a 150.000 #.
Por interpuesto y admitido el presente recurso y recibido el expediente administrativo, la parte actora dedujo en fecha 15 de octubre de 2010 la correspondiente demanda en la que solicitaba el dictado de una sentencia que anulase y dejase sin efecto el acto administrativo impugnado y, en consecuencia, aquéllos de los que éste trae causa, singularmente de los Acuerdos de liquidación con clave nº NUM004, NUM005, y los Acuerdos de Imposición de Sanciones nº NUM006 y NUM007, dictados por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Castilla y León de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con sede en Valladolid, relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 2003 a 2005, condenando asimismo a la Administración tributaria a la devolución del importe de 3.691,53 #.
Una vez se tuvo por deducida la demanda, confiriéndose traslado de la misma a la parte demandada para que contestara en el término de veinte días, mediante escrito de fecha 17 de diciembre de 2010 la Abogacía del Estado se opuso a las pretensiones actoras solicitando la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto, con imposición de costas a la parte recurrente.
Contestada la demanda se fijó la cuantía del recurso en 29.424,81 #, recibiéndose el proceso a prueba, practicándose la que fue admitida con el resultado que obra en autos, presentando las partes sus respectivos escritos de conclusiones los días 19 de abril y 18 de mayo de 2012, y quedando las actuaciones en fecha 21 de mayo de 2012 pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que se efectuó el día 27 de marzo de 2014.
En la tramitación del presente recurso se han observado los trámites marcados por la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA), aunque no los plazos en ella fijados dado el volumen de trabajo y la pendencia que existe en la Sala.
Resolución impugnada y posiciones de las partes.
La Resolución de 30 de abril de 2010 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, objeto del presente recurso, desestimó las reclamaciones económico-administrativas acumuladas núms. NUM000, NUM001, NUM002 y NUM003 en su día presentadas por don Edemiro y doña Elisenda, y don Alfredo y doña Mónica contra los Acuerdos adoptados por el Inspector Coordinador de la Delegación Especial de Castilla y León de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Palencia por los que se practicaban liquidaciones en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, periodos trimestrales correspondientes a los ejercicios 2003 a 2005, y se imponían las sanciones tributarias derivadas de las anteriores liquidaciones, por entender, en esencia, que esa Sala llega a la misma conclusión que la Inspección de los tributos, es decir, que don Edemiro y don Alfredo realizan a partir de octubre de 2003 una actividad única de manera conjunta, siendo por tanto simulada la independencia de ambos negocios con la finalidad de eludir la tributación que les correspondería dado que los hechos constatados -que se describen- ponen de relieve no sólo la existencia de una elevada interrelación entre los dos supuestos titulares de la actividad, sino que aspectos como el compartir clientes, trabajadores, camiones, gestión administrativa, cuentas bancarias, gastos de carburante, reparación, etc, ponen de manifiesto la presencia de un único centro de decisión; que la circunstancia de que la legislación de transportes prohíba otorgar a las comunidades de bienes un título habilitante para el ejercicio de la actividad no es obstáculo para que, obtenida tal autorización administrativa por uno de los hermanos, se explote en común la actividad y por tanto exista una única fuente de renta; que respecto al alegato de que los indicios de la Inspección afectan en su mayoría también a su otro hermano Jesus Miguel respecto del que, sin embargo, se considera que su negocio es independiente, lo que sería incongruente con la consideración de que los otros dos hermanos forman una comunidad de bienes, la Resolución impugnada señala que las circunstancias descritas no permiten redireccionar sobre Jesus Miguel la conclusión anterior puesto que además de que en el caso de los reclamantes existen otra serie de hechos indiciarios de la gestión conjunta, por parte de éste y su cónyuge ha existido también una actuación similar a la de los reclamantes con el mismo objetivo de conseguir una menor tributación, cuya comprobación por la Administración tributaria concluyó con la incoación de actas firmadas de conformidad en las que se establece que la cónyuge de Jesus Miguel simuló realizar una actividad de transporte precisamente para que éste no quedase excluido de la tributación de módulos, habiéndose circunscrito dicha simulación al matrimonio dada la conformidad; que con relación a las amortizaciones que los reclamantes manifiestan no haberse tenido en cuenta, los elementos del inmovilizado están adquiridos mediante leasing por lo que sólo son deducibles las cuotas satisfechas donde se incluyen tanto las amortizaciones como la carga financiera, por lo que no cabe deducir la amortización como gasto adicional; que se confirma la existencia del elemento objetivo de las infracciones tributarias al haber dejado de ingresar parte o la totalidad de la deuda tributaria del IRPF, así como haber acreditado improcedentemente cantidades a compensar en la base imponible de ejercicios futuros, conductas tipificadas como sancionables en los artículos 191 y 195 LGT /03; que en cuanto al elemento subjetivo y partiendo de que la cuota dejada de ingresar procede no sólo de una aplicación incorrecta de la norma sino de un intento de ocultar a la Administración la verdadera actividad llevada a cabo por los interesados, su conducta no sólo era negligente sino voluntaria ya que declaran como dos actividades diferenciadas cuando en realidad explotan conjuntamente la empresa de transporte de mercancías por carretera; y que respecto de la agravante por ocultación, la simulación lleva intrínseca la ocultación puesto que cuando se simula se oculta una realidad, en este caso, a través de otra realidad aparente pero falsa, habiéndose además facturado a nombre de los empresarios individuales con la finalidad de simular la existencia de dos actividades independientes en lugar de una sola actividad, reflejando tales facturas una magnitud de naturaleza cualitativa distinta de la real con el fin de lograr una tributación inferior a la debida y, por tanto, han sido parte de los instrumentos utilizados para cometer la conducta infractora, concurriendo también el criterio de utilización de medios fraudulentos.
Don Edemiro y doña Elisenda, y don Alfredo y doña Mónica alegan en la demanda que conviene precisar desde ya que los Acuerdos impugnados se basan en la consideración de la Inspección de los Tributos de que nunca existió la actividad económica de transporte por carretera desarrollada individualmente por ambos desde el 8 de octubre de 2003 ya que tal actividad, según la Administración, fue desarrollada por una comunidad de bienes que, sin embargo y al entender de los recurrentes, es inexistente y ha sido creada artificiosamente por la propia Administración...
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