STSJ Castilla y León 224/2013, 22 de Mayo de 2013
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 224/2013 |
| Fecha | 22 Mayo 2013 |
T.S.J.CASTILLA-LEON SALA SOCIAL 1
BURGOS
SENTENCIA: 00224/2013
RECURSO DE SUPLICACIÓN Num.: 259/2013
Ponente Ilmo. Sr. D. Santiago Ezequiel Marqués Ferrero
Secretaría de Sala: Sra. Carrero Rodríguez
SALA DE LO SOCIAL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN.- BURGOS
SENTENCIA Nº: 224/2013
Señores:
Ilma. Sra. Dª. María José Renedo Juárez
Presidenta
Ilmo. Sr. D. Santiago Ezequiel Marqués Ferrero
Magistrado
Ilma. Sra. Dª. Ana Sancho Aranzasti
Magistrada
_______________________
En la ciudad de Burgos, a veintidós de Mayo de dos mil trece.
En el recurso de Suplicación número 259/2013 interpuesto por DON Juan Carlos, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Burgos en autos número 753/2012 seguidos a instancia del recurrente, contra OPP 2002 OBRA CIVIL SLU y OBRAS PUBLICAS Y PAVIMENTACIONES 2002 S.L., en reclamación sobre Despido. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. Don Santiago Ezequiel Marqués Ferrero que expresa el parecer de la Sala.
En el Juzgado de lo Social de referencia, tuvo entrada demanda suscrita por la parte actora en la que solicita se dicte sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el oportuno juicio oral, se dictó sentencia con fecha 31 de Enero de 2013 cuya parte dispositiva dice: "FALLO.- Que teniendo por desistida a la parte actora respecto a Obras Públicas y Pavimentaciones 2002 S.L. y desestimando como desestimo la demanda interpuesta por Don Juan Carlos contra OPP 2002 Obra Civil SLU, debo declarar y declaro la procedencia del despido del demandante, absolviendo a la empresa demandada de los pedimentos de la demanda".
En dicha sentencia, y como hechos probados, se declaraban los siguientes: PRIMERO: El demandante, Don Juan Carlos, ha venido prestando servicios por cuenta de la empresa demandada desde el 15 septiembre 2000, con categoría de maquinista oficial de primera, centro de trabajo en el polígono industrial Las Merindades, calle Castilla y León 138, de Villarcayo (Burgos), jornada a tiempo completo y salario mensual, incluido prorrateo de pagas extraordinarias, de 1931,52 #, abonados mediante transferencia bancaria, en virtud de contrato inicial para obra o servicio determinado que se convirtió en indefinido del 3 junio 2002. SEGUNDO.- En el mes de agosto de 2012 la empresa se quedó sin actividad que realizar al haberse acordado por el promotor la paralización de la única obra en la que venía trabajando, sita en Villarcayo, con fecha 15.8.12, sin tener en perspectiva ninguna otra en ese momento. En la actualidad cuenta con una obra en Zamora para cuya ejecución los trabajadores están realizando horas extraordinarias. TERCERO.- Mediante escrito de 20.7.12 que obra a los folios 6 y 7 y se da por reproducido, la empresa comunicó al actor su despido por causas objetivas con efectos de 4.8.12. CUARTO.- En el periodo 1.6.12 a 31.8.12 la empresa contaba con 23 trabajadores, de los cuales 5 eran temporales para obra o servicio determinado a los que se extinguió la relación laboral por fin de contrato el 1.6.12, 31.7.12 (3 de ellos) y el 13.7.12. Entre los indefinidos se extinguió la relación laboral a 3 el 10.8.12, a 6 el 4.8.12 (incluido el actor) y a 1 el 31/7/12. QUINTO.- En agosto de 2012 la empresa promovió ERE de suspensión de contratos en el que se alcanzó un acuerdo con la representación de los trabajadores para la suspensión de los contratos de trabajo de 8 trabajadores por un periodo de 180 días.En el informe elaborado por la Inspección de Trabajo en fecha 16.8.12 se considera justificada la medida por la casi total ausencia de actividad dada la inminente conclusión de la única obra en curso y la paralización de la ejecutada en Villarcayo. SEXTO.- El actor no ostenta cargo de representación legal o sindical de los trabajadores SÉPTIMO.- Con fecha 4.9.12 se celebró acto de conciliación ante la UMAC en virtud de papeleta de 23.8.12, que concluyó sin avenencia. OCTAVO.- Con fecha 14.9.12 se interpuso demanda que fue turnada a este Juzgado. En el acto del juicio la parte actora desistió respecto a Obras Públicas y Pavimentaciones 2002 SL.
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de Suplicación la parte demandante siendo impugnado por la contraria OPP 2002 Obra Civil SLU. Elevados los autos a este Tribunal y comunicada a las partes la designación del Ponente, le fueron, a éste, pasados los autos para su examen y resolución por la Sala.
En la resolución del presente recurso se han observado, en sustancia, las prescripciones legales vigentes.
Por el Juzgado de lo Social nº 2 de Burgo se dictó sentencia con fecha 31 de enero de 2013, Autos 753/2013, que desestimó la demanda sobre despido por causas objetivas, formulada por D. Juan Carlos contra las mercantiles OPP 2002 Obra Civil SLU y Obras Públicas y Pavimentos 2002 SL. Contra la citada sentencia se interpone recurso de Suplicación por la representación letrada del trabajador en base a la letra b ) y c) del art 193 de la LRJS .
Con amparo procesal en la letra b) del art 193 de la LRJS se solicita por la parte recurrente una nueva redacción del hecho probado cuarto de tal manera que al mismo se añada " sin que se acredite que dichos contratos es hayan extinguido por fin de obra". Fundamenta tal revisión en los doc 202, 208, 212, 216 y 220. Debemos precisar con carácter general señalar que se viene exigiendo para que prospere la revisión de hechos probados, hasta el punto de constituir doctrina pacifica, que para estimar este motivo es necesario que concurran los siguientes requisitos:
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- Que se señale con precisión cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que el recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.
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- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.
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- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la...
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