STSJ Murcia 67/2013, 31 de Enero de 2013

JurisdicciónEspaña
Número de resolución67/2013
Fecha31 Enero 2013

T.S.J.MURCIA SALA 2 CON/ADMURCIA SENTENCIA: 00067/2013

RECURSO nº. 280/08

SENTENCIA nº. 67/13

LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA

SECCIÓN SEGUNDA

compuesta por los Ilmos. Srs.:

D. Abel Ángel Sáez Doménech

Presidente

Dª. Ascensión Martín Sánchez

D. Joaquín Moreno Grau

Magistrados

ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A nº 67/13.

En Murcia, a treinta y uno de enero de dos mil trece.

En el recurso contencioso administrativo nº. 280/08 tramitado por las normas ordinarias, en cuantía 934,85# (inferior a 150.253,03 euros) y referido a: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Parte demandante:

D. Florentino, representado por la Procuradora Dª. Maria Belda González y defendida por el letrado

D. Francisco Ferrer Cantón.

Parte demandada:

La Administración Civil del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.

Acto administrativo impugnado:

Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia de 21 de Febrero de 2008 desestimatoria de la reclamación económico administrativa número NUM000 interpuesta contra el acuerdo desestimatorio de su solicitud de rectificación de las autoliquidaciones presentadas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicio de 2006 en la que pretendía que las cantidades percibidas mensualmente en concepto de prejubilación y sobre las que se había practicado retención por la entidad pagadora tuvieran el tratamiento de indemnización por despido a que se refiere el Estatuto de los Trabajadores. Y que no es competente para la extensión de efectos solicitada.

Pretensión deducida en la demanda:

Que se estime la demanda declarando no ser conforme a derecho la resolución administrativa impugnada y en consecuencia la anule, y deje sin efecto la resolución impugnada declarando ajustada a derecho la autoliquidación llevada a cabo por el recurrente del IRPF en concreto del ejercicio de 2006. Y que se le extiendan los efectos de la sentencia 547-04, lo que se les estimo por AUTO de la Sala con respecto a los ejercicios de 2001 a 2004.

Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª. Ascensión Martín Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó el día 23-05-2008, y admitido a trámite, y previa, reclamación y recepción del expediente, la parte demandante formalizó su demanda deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.

SEGUNDO

La parte demandada se ha opuesto pidiendo la desestimación de la demanda, por ser ajustada al Ordenamiento Jurídico la resolución recurrida.

TERCERO

Ha habido recibimiento del proceso a prueba, con el resultado que consta en las actuaciones y cuya valoración se hará en los fundamentos jurídicos de la presente resolución.

CUARTO

Después de evacuarse el trámite de conclusiones se señaló para la votación y fallo el día 25-01 -2013 .

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO

La cuestión litigiosa planteada en el presente recurso contencioso administrativo consiste en determinar si la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia de 21 de Febrero de 2008 desestimatoria de la reclamación económico administrativa número NUM000 interpuesta contra el acuerdo desestimatorio de su solicitud de rectificación de las autoliquidaciones presentadas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicio de 2006 en la que pretendía que las cantidades percibidas mensualmente en concepto de prejubilación y sobre las que se había practicado retención por la entidad pagadora tuvieran el tratamiento de indemnización por despido a que se refiere el Estatuto de los Trabajadores.,es ajustada a derecho.

Entiende el TEARM que de acuerdo con los arts. 7 e) de la Ley 40/1998 reguladora del Impuesto sobre la Renta están exentas las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en la cuantía establecida con carácter obligatorio por el Estatuto de los Trabajadores en su normativa de desarrollo o en su caso en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. Sigue diciendo que según el art. 56 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, que aprueba el Estatuto de los Trabajadores, en caso de despido improcedente la indemnización está cifrada en 45 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores y hasta un máximo de 42 mensualidades, resultando de ello claramente la intención de la norma de someter a tributación la parte de la indemnización derivada de contratos o convenios en cuanto exceda de la cuantía legalmente obligatoria, y ello con independencia de las cantidades que pueda exigir el trabajador en virtud del contrato suscrito entre las partes, ya que no cabe confundir "máximo obligatorio a efectos fiscales" con "máximo obligatorio a efectos civiles o laborales", con base en el principio de libertad de pactos y de la fuerza obligatoria entre las partes de las obligaciones contractuales ( arts. 1255 y 1091 CC ), principio que tiene su reflejo en el art. 3 c) del Estatuto de los Trabajadores . Por lo tanto la cantidad exenta del Impuesto está cifrada en 45 días de salario por año de servicio en la empresa que efectúa el despido improcedente, independientemente de que en el contrato hayan podido mejorarse las condiciones del trabajador mediante la fórmula del reconocimiento de la antigüedad con anterioridad a la prestación efectiva de servicio alguno en la empresa contratante y a determinados efectos (resolución del TEAC de 7-7-2003). Por último señala que en este sentido se ha pronunciado la STS de 23-12-1998 que señala que las pensiones de jubilación, sea forzosa, anticipada o voluntaria, por constituir el pago diferido de una actividad, quedan sujetas al IRPF, cualquiera que sea su origen, ya que los sujetos pasivos desfrutan de una situación patrimonial idéntica a la jubilación en la que permanecerán mientras vivan, lo que hace que la cantidades percibidas participen de la naturaleza de haberes pasivos y hayan de quedar grabadas por dicho impuesto. En este contexto la STS de 30-10-1993, con referencia a la indemnizaciones que se perciben con motivo de jubilación anticipada, con cita de sentencias anteriores, señala que no existe precepto alguno, legal o reglamentario, en el que basar la no sujeción de indemnizaciones como la debatida al impuesto. Por tanto las indemnizaciones que se abonan en tal situación están sujetas al IRPF y a su sistema de retención a cuenta.

Alega el recurrente como base de su pretensión que ha mantenido una relación laboral continuada con una entidad mercantil crediticia (sin acreditarlo) y que pasó a la situación de prejubilado, rigiendo desde ese momento el convenio de prejubilación pactado con su empleador, el cual desde dicha fecha le ha venido practicando indebidamente retenciones a cuenta del IRPF que deben serle devueltas conforme solicitó y ello de acuerdo con el criterio que ha venido siguiendo esta Sección en las sentencias que cita, que entienden que dichas cantidades tiene carácter indemnizatorio y por lo tanto deben estar exentas del referido impuesto hasta el límite establecido para el despido improcedente, tributando en cuanto excedan de ese límite como rentas irregulares a las que debe aplicársele las reducciones legalmente previstas ( art. 9. 1 d) de la Ley 18/1991 y art. 10 de su Reglamento, ahora art. 7 c) del R. D. Leg. 3/2004, de 5 de marzo, en relación con el art. 17. 2 del mismo Texto Legal, con el art. 1 del R.D. 1775/2004, de 30 de julio y con el art. 56 del Estatuto de los Trabajadores ). Llega a tal conclusión teniendo en cuenta que las cantidades pagadas mensualmente al actor son una compensación por la extinción de su relación laboral sin que por tanto puedan ser incluidas entre los rendimientos del trabajo a efectos del referido impuesto. Por lo que se refiere a la parte que debe tributar como renta irregular dice que es indiferente que los rendimientos no se imputen a un solo periodo impositivo, ya que su naturaleza jurídica no debe depender de la forma en que se paguen. Entender lo contrario sería, además de absurdo, injusto y supondría un agravio comparativo próximo al fraude si se tiene en cuenta que el trabajador no tiene ni voz ni voto a la hora de cómo percibir dichas cantidades.

Por último la Administración demandada se opone a la demanda señalando que las cantidades abonadas al actor no pueden ser asimiladas a las indemnizaciones pagadas por despido improcedente, ya que la analogía está prohibida por el art. 23.3 LGT . Además tal pretensión supone ignorar cual es el contenido de la prejubilación realizado por las entidades de crédito. Se trata de una prejubilación programada que tiene la naturaleza de un acuerdo de empresa pactado con los representantes sindicales y que se caracteriza por ser un sistema colectivo de previsión establecido con la finalidad de facilitar el tránsito a ciertos grupos de trabajadores de edad avanzada desde la situación de activo a la de pasivo, caracterizado por la participación de la empresa en la financiación de la prestación a pagar a cada prejubilado. Y que la doctrina legal fijada por el tribunal Supremo en la resolución del recurso de casación en interés de ley nº 29/2004, por sentencia de 10-05-2006, BOE 30-10- 2006, y el Art. 18,2 de la ley 36/2006 de 28 de noviembre del IRPF .

SEGUNDO

Es de señalar que el Sr. Abogado del Estado en su contestación a la demanda no hace mención a lo reseñado por el TEARM en el antecedente de hecho primero en su resolución sobre la solicitud de extensión de efectos del recurrente del AUTO de la Sala con respecto a los ejercicios de 2001 a 2004.

.

Y por otro lado, como ya lo hemos...

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