STSJ Canarias 32/2011, 3 de Febrero de 2011
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 32/2011 |
| Fecha | 03 Febrero 2011 |
SENTENCIA
SENTENCIA No ILMOS SRES
D. César García Otero
Presidente
Dna Cristina Páez Martínez Virel
Dna Inmaculada Rodríguez Falcón
Magistradas
Las Palmas de Gran Canaria a 3 de febrero de 2011
Vistos, por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el recurso contencioso
administrativo no 94 / 08 en el que interviene como demandante D. Emilio representado p or la Procuradora
Dna Trinidad Leyva Jiménez y como demandada Jurado Provincial de Expropiación Forzosa representado por el Abogado del
Estado y codemandado Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria representado por el Procurador
D. Tomás Ramírez Hernández.
Se impugna el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 28 de febrero de 2008 que fija el justiprecio de la indemnización por la extinción del derecho de arrendamiento sobre la finca situada en la CALLE000 no NUM000, en la cantidad de 114.151,91 #.
Por la representación procesal de la parte recurrente se interpuso recurso contencioso administrativo, formalizando demanda con la súplica de que se dicte Sentencia que se anule la resolución impugnada y se abonen los siguientes importes:
487.098,16 # en concepto de valoración del arrendamiento
95.432,12 # en concepto de valoración de las construcciones 160 # en conceptod de instalación de contador eléctrico
50,8 # en concepto de traslado de teléfono
10.497,36 # en concepto de gastos de mudanza
37.469,09 # valoración por la ocupación de la residencia y morada en la finca. 682.567,59 # en concepto de gastos de fondo de comercio. Todo ello suma la cantidad 1.313.274,40 #.
A todo ello hay que sumar el importe de los gastos de almacenaje o depósito de la maquinaria y mercancía desde el 16 de diciembre de 2008 hasta el momento en que se dicte sentencia firme o en su caso, se encuentre y sea posible la reanudación de la actividad en otro lugar a razón de 1.500 # mensuales mas el IGIC y que se determinaría en ejecución de sentencia dado que al momento actual siguen devengándose.
Y subsidiariamente: 137.970 # en concepto de valoración del arrendamiento.
95.432,12# en concepto de valoración de las construcciones. 160,00 # en concepto de instalación del contador eléctrico. 50,8 # en conceptod e traslado de teléfono.
10.497,36 # en concepto de mudanza.
37.469,09 # en concepto de la ocupación por residencia y morada en la finca expropiada.
682.567,59 # en concepto de gastos de comercio.
Los conceptos anteriores suman la cantidad de 964.146,24 #.
Al importe habría de sumarse el importe que resulte de los gastos de almacenaje o depósito hasta el momento en que se dicte sentencia firme o, en su caso, se encuentre y sea posible la reanudación de la actividad en otro lugar, a razón de 1500 # mensuales más el importe del IGIC y que se determinará en ejecución de sentencia.
La parte demandada y codemandada interesaron la desestimación del recurso. Siendo ponente la Ilma Sra. Dna Cristina Páez Martínez Virel
Se impugna el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 28 de febrero de 2008 que fija el justiprecio de la indemnización por la extinción del derecho de arrendamiento sobre la finca situada en la CALLE000 no NUM000, en la cantidad de 114.151,91 #
Manifiesta la parte actora que los arquitectos municipales han actualizado el valor de la renta pagada por alquiler del inmueble en cuestión y no han determinado el precio del alquiler de un local de carácterísticas análogas al actual pago para luego capitalizarlo al 10%.
Hay errores dentro de gastos nuevo emplazamiento y traslado. En la valoración realizada por los arquitectos municipales como Segunda Hoja de Aprecio, siguiendo un criterio de uniformidad, se interpreta que cualquier ubicación en suelo rústico dentro del término del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, tiene acceso rodado a un sistema general o red viaria interior de forma directa. Se valora solo el traslado de contadores y no el tendido de nuevas líneas hasta la nueva ubicación.
Errores contenidos en el justiprecio en la parte relativo a la valoración de construcción: ha quedado fuera de la valoración el muro. Aportó fotografías sobre la evolución constructivas de las mismas, cosa que parece obviar la valoración municipal.
No se realizó estudios sobre estabilidad, seguridad y habitabilidad y los arquitectos valoran la construcción como tipo 6 y no como tipo 8 ya que minora el valor de la Hoja de Aprecio Municipal.
Se ha actualizado mal el MBC2 determinando un valor muy inferior al correcto.
En total solicita la cantidad de 1.401.006,17 #.
El Abogado del Estado aduce que se incurre en desviación procesal por la parte actora pues si en la Hoja de Aprecio se solicitó una cantidad de 1.021.000 euros, eleva ahora en vía contenciosa dicha pretensión a 1.313.274,40 #.
Por lo demás recordar la presunción de acierto de que gozan las decisiones del Jurado.
El Ayuntamiento se opone refiriéndose a cada una de la partidas:
Fondo de Comercio. Es la partida más importante. No se está de acuerdo con lo que ha hecho el perito pues se ha limitado a tomar los rendimientos brutos y actualizarlos, pues en el mejor de los casos habría de tenerse en cuenta los rendimientos netos. Nueva ubicación. El arrendamiento no es sobre una nave sino sobre un terreno sometido a la Ley de Arrendamientos Urbanos y los derechos económicos que por su extinción se derivan son simplemente los de una anualidad de renta. Para almacenaje de grava, arena, cemento y otros materiales de construcción, en la forma que se aprecia en las fotografías aéreas, sería más que suficiente una nave de escasa calidad constructiva y por ello no más de 3,38 #/m2 de la tabla de la pagina 49 del dictamen, que multiplicados por los 1.500 m2 que se dicen necesitar daría 69.300 # a los que habría de restar los 1.803 # que satisfacía como renta, es decir, un total de 67.500 #.
Traslado de vivienda. El recurrente tiene su inscripción patronal en la CALLE001 no NUM001 . NUM002 de Las Palmas de Gran Canaria y no existe prueba alguna que acredite la existencia de vivienda y la propietaria que tiene interpuesto un recurso( 174/2007) en ningún momento reclama la existencia de una vivienda. No se ha aportado fotografía alguna de la vivienda.
Valor de las construcciones. En la página 4 del informe técnico aparece una fotografía lo suficientemente ilustrativa y la técnico municipal ha acogido la fórmula que recoge el Real Decreto 1020/1993, de 25...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
STSJ Extremadura 424/2016, 13 de Diciembre de 2016
...posteriormente en numerosas Sentencias de nuestros Tribunales Superiores de Justicia (por citar las más recientes la STSJ de Canarias de 03/02/2011, rec. 94/2008 y Comunidad Valenciana de 06/04/2010, rec. 79/2005 ), que extracta las consecuencias que se derivan de la expropiación de un loca......
-
STSJ Extremadura 414/2013, 9 de Abril de 2013
...posteriormente en numerosas Sentencias de nuestros Tribunales Superiores de Justicia (por citar las más recientes la STSJ de Canarias de 03/02/2011, rec. 94/2008 y Comunidad Valenciana de 06/04/2010, rec. 79/2005 ), que extracta las consecuencias que se derivan de la expropiación de un loca......