STSJ Galicia 252/2011, 31 de Marzo de 2011
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 31 Marzo 2011 |
| Número de resolución | 252/2011 |
PONENTE: D. JULIO CIBEIRA YEBRA PIMENTEL
RECURSO NUMERO: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 7341/2009
RECURRENTE:J. C.UNIDAD ACTUACION NORTE-19 (AVENIDA DA CORUÑA)
ADMINISTRACION DEMANDADA:JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACION DE LUGO
CODEMANDADA:CONCELLO DE LUGO, Valle
EN NOMBRE DEL REY
La Sección 003 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha
pronunciado la
SENTENCIA
ILMO.SR PRESIDENTE :
IGNACIO ARANGUREN PEREZ
ILMOS.SRES.MAGISTRADOS :
IGNACIO ARANGUREN PEREZ
JULIO CIBEIRA YEBRA PIMENTEL
JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRIGUEZ
En A CORUÑA, a treinta y uno de Marzo de dos mil once.
Vistos por la Sala, constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del recurso contencioso- administrativo número PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0007341 /2009 interpuesto por el Procurador/Letrado PROCURADOR D/Dña. IRENE CABRERA RODRIGUEZ y LETRADO D. JOSE A. SANCHEZ DEL VALLE VAZQUEZ en nombre y representación de J.C. UNIDAD ACTUACION NORTE-19 (AVENIDA DA CORUÑA) contra Acuerdo de 7-7-08 sobre justiprecio finca NUM000 expropiada por el Ayuntamiento de Lugo para la Obra: 12/498:"Adquisición das Parcelas non incorporadas a Xunta de Compensación da Unidade de Actuación Norte-19" (AVD. da Coruña) t.m. Lugo. Expte., NUM001 (finca NUM000 )/2005. Comparece como parte demandada JURADO PROVINCIAL EXPROPIACION DE LUGO dirigido por ABOGADO DEL ESTADO. Ha sido parte codemandada EXMO. AYUNTAMIENTO DE LUGO, Valle, representada por el PROCURADOR DOMINGO RODRIGUEZ SIABA, dirigidos por LETRADO DEL CONCELLO DE LUGO (NOT. PROC. Mª GANDOY FERNANDEZ) y D. OSCAR NUÑEZ TORRON DE LA TORRE.
Siendo PONENTE el Magistrado Ilmo. JULIO CIBEIRA YEBRA PIMENTEL.
Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo a la/s parte/s recurrente/s para deducir la oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que se estimaron pertinente, se acabó suplicando que se dictase sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución impugnada en este procedimiento.
Conferido traslado a la/s parte/s demandada/s, se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de derecho consignados en la/s contestación/nes de la demanda.
Habiéndose recibido el asunto a prueba y seguido el trámite de conclusiones, se señaló para la votación y fallo del recurso el día 23 de Marzo de 2011, fecha en la que tuvo lugar.
En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del mismo indeterminada.
El objeto del presente recurso contencioso-administrativo viene constituido por la Resolución de 7 de julio de 2008, dictada por el Jurado Provincial de Expropiación de Lugo por la que se fija el valor de los bienes expropiados consistentes en la finca número NUM000 de las comprendida en el proceso de desarrollo urbanístico de la UNIDAD DE ACTUACIÓN NORTE 19.
La Junta de Compensación recurrente, como beneficiaria de la expropiación, limita los motivos de impugnación a: 1) la resolución del Jurado carece de la necesaria motivación en atención a que se limita a referir que la beneficiaria acompaña una serie de escrituras que no responden a enajenaciones de inmuebles de nueva planta que deban ser admitidos y que el vocal del jurado acompaña un fichero con muestras del que se infieren valores que llegan a un valor de repercusión de 300 #/m2, además de hacer aplicación del valor de repercusión de otro expediente expropiatorio, en el ámbito de Paradai, por importe de 184,17 #/m2, cuando entiende que la complejidad de las cuestiones sometidas al Jurado hubieran reclamado un plus de motivación, por lo que entiende que la resolución recurrida no cumple con las exigencias de motivación que impone el Art. 54 de la LPAC ; 2) en segundo lugar aduce que la resolución recurrida realizó una incorrecta aplicación del método residual establecido en el Art. 28 de la Ley 6/98 para la determinación del valor de repercusión, hasta el punto de afirmar que el Jurado no calculando el valor de repercusión sino que se limitó a aplicar un valor unitario de suelo por la superficie que se permitiría construir. Refiere que en la resolución del Jurado se hace referencia a un fichero del que resulta un valor de repercusión de 300 #/m2, pero se ignora qué vocal aportó y cuáles son los inmuebles que se incluyen en esas fichas. Denuncia que no se entiende cómo si el valor del Jurado duplica el que figura en proyecto definitivamente aprobado (114,83 #) sin embargo la resolución final triplica el justiprecio aprobado en el proyecto (enfrentando las cantidades de 9.501,03 y 30.531,90 #).
En atención a lo expuesto termina suplicando que se dicte sentencia por la que, con estimación de la demanda, se anule la resolución recurrida, con imposición de costas a la administración recurrida.
Por el Letrado del Estado se interesó la desestimación de la demanda en atención a que el jurado motivó suficientemente la resolución recurrida. Las valoraciones del proyecto son excesivamente genéricas y en cualquier caso no se refieren al producto inmobiliario terminado sino a compraventa de fincas.
Mención aparte merece la intervención en este recurso del Ilmo. Ayuntamiento de Lugo ya que en su escrito de "contestación" a la demanda formulada por la Junta de Compensación, por un lado, advierte que formuló recurso en vía administrativa contra la resolución del Jurado Provincial de Expropiación de Lugo, sin que conste resolución expresa y, por otro, que no puede dejar de manifestar la ambigua posición "procesalmente hablando" en el presente recurso, para después ratificar la valoración contenida en el informe del técnico municipal que asciende a 122,24 #/m2, de quien indica que no solo goza de presunción de objetividad e imparcialidad sino que tamibién se encuentra perfectamente motivado, por lo que termina interesando que se dicte una sentencia conforme a derecho.
De lo anterior resulta, en primer lugar, que el Concello de Lugo impugnó en vía administrativa la resolución del Jurado y, pese a que transcurrió el plazo para entender desestimado el recurso (que es de un mes, ya que no puede ser otro que el de reposición) en lugar de interponer el recurso autónomo opto por personarse en el formulado por la Junta y, en segundo lugar, que del contenido de la contestación que el mismo viene a incidir en los motivos de impugnación esgrimidos por la Junta de Compensación, por lo que, aunque formalmente en el suplico se limite a interesar el dictado de una sentencia ajustada a derecho, en realidad vino a personarse como un coadyuvante de la recurrente o corecurrente, figura que no resulta admitida en nuestro ordenamiento jurídico, así la St. del T.S.J. de Madrid de 27 de abril de 2005 (Ref. el derecho 2005/85736 ) recuerda "... apuntarse la inadecuada posición procesal mantenida en el recurso por parte de..., que personándose en concepto de codemandado y contestando a la demanda, ha reclamado, sin embargo, la anulación de la resolución administrativa, pretendiendo en definitiva intervenir como coadyuvante del recurrente, cuando tal figura resulta inviable en nuestro ordenamiento contencioso- administrativo. Como señala la STS de 23 de abril del 2003, desde la posición procesal de codemandado elegida solo resulta posible sostener la legalidad del acto administrativo impugnado por la parte recurrente . En el mismo sentido se pronuncian los Autos de la Sala tercera de 9 de junio del 2000 y 22 de enero del 2001, el último de los cuales declara que, en tales casos, no se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, pues como titular de derechos e intereses legítimos la parte pudo actuar en su momento como recurrente impugnando la resolución de que se trata..." en tanto que el T.S.J del País Vasco, con mayor contundencia declaró en la St. de 23 de febrero de 2006 (Ref. el derecho 2006/75295 ) lo siguiente "... Por razones de orden público procesal procede analizar en primer lugar el recurso de apelación interpuesto por el codemandado, en la medida en que el mismo insiste en esta instancia en sostener la posición procesal que mantuvo ante el Juzgado en su escrito de contestación a la demanda, que en realidad lo era más propiamente de coadyuvante de la parte actora, ya que no tuvo por finalidad resistir la pretensión deducida sino todo lo contrario, apoyarla y favorecerla indisimuladamente hasta el punto de que concluía con la súplica de que fuera estimado el recurso, y todo ello bajo la cobertura procesal de parte codemandada. Dicha posición procesal constituye un claro fraude procesal ante el que debió reaccionar el Juzgado en el mismo momento de recibirse el escrito de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba