STSJ Extremadura 426/2011, 27 de Septiembre de 2011
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 426/2011 |
| Fecha | 27 Septiembre 2011 |
T.S.J.EXTREMADURA SALA SOCIAL
CACERES
SENTENCIA: 00426/2011
T.S.J.EXTREMADURA SALA SOCIAL CACERES
C/PEÑA S/Nº (TFNº 927 620 236 FAX 927 620 246)CACERES
Tfno: 927 62 02 36-37-42
Fax:927 62 02 46
NIG: 10037 44 4 2010 0001124
402250
TIPO Y Nº DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000337 /2011
JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 599 /2010 JDO. DE LO SOCIAL nº 002 de CACERES
Recurrente/s: Zulima
Abogado/a: CRISTINA LOPEZ IGLESIAS
Procurador/a:
Graduado/a Social:
Recurrido/s: JUNTA DE EXTREMADURA
Abogado/a: LETRADO COMUNIDAD(SERVICIO PROVINCIAL)
Procurador/a:
Graduado/a Social:
Ilmos. Sres.
D. PEDRO BRAVO GUTIÉRREZ
Dª ALICIA CANO MURILLO
Dª Mª DEL PILAR MARTIN ABELLA
Dª MANUELA ESLAVA RODRÍGUEZ
En CACERES, a Veintisiete de Septiembre de 2011.
Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la SALA DE LO SOCIAL DEL T.S.J. DE EXTREMADURA, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,
EN NO MBRE DE S.M. EL REY
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE
EL PUEBLO ESPAÑOL ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A Nº 426/11
En el RECURSO SUPLICACION 337/2011, formalizado por la SRA. LETRADO D.ª CRISTINA LÓPEZ IGLESIAS, en nombre y representación de D.ª Zulima, contra el auto de 20 de enero de 2011, dictado por JDO. DE LO SOCIAL N. 2 de CACERES en el procedimiento DEMANDA 599 /2010, seguido a instancia de la recurrente frente a JUNTA DE EXTREMADURA, parte representada por el Sr. Letrado de los Servicios Jurídicos de la Junta de Extremadura siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. PEDRO BRAVO GUTIÉRREZ.
De las actuaciones se deducen los siguientes:
El 22 de noviembre de 2010 tuvo entrada en los Juzgados demanda contra la CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, en la que Dña. Zulima solicitaba que se condenara a la demandada a abonarle 37,06 euros y se le reconociera el derecho a percibir sus retribuciones con carácter íntegro, de acuerdo con la normativa existente antes del Real Decreto-Ley 3/2010 .
Dado traslado a la demandada y al Ministerio Fiscal para que alegaran sobre la posible incompetencia de jurisdicción, el 14 de diciembre de 2010 se dictó por el Juzgado de lo Social auto en el que se declaraba su falta de jurisdicción para conocer de la demanda formulada, sin perjuicio de la facultad de la demandante de ejercitar su pretensión ante el orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
La demandante interpuso recurso de reposición contra el referido auto, siendo desestimado por otro de 20 de enero de 2011 contra el que se interpone recurso de suplicación que ha sido impugnado. Recibidas las actuaciones en esta Sala, se nombró Ponente para su examen y resolución.
ÚNICO: La cuestión que aquí se suscita es idéntica a la que se planteó a esta Sala en el Recurso nº 82 de 2011, resuelto en sentencia de 26 de abril de este año, por lo que, no habiendo razón ninguna que imponga adoptar otra solución ni añadir argumentos nuevos, no cabe sino repetir lo allí expuesto. Se dice en esa sentencia:
artículo 9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho, y lo mismo nos dice el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Laboral, la cual, precisando más, determina en el artículo 2 .a) que los órganos jurisdiccionales del orden social conocerá de las cuestiones litigiosas que se promuevan entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo.
En este caso, el demandante es un trabajador que presta servicios para la demandada en virtud de un contrato de trabajo, nadie lo discute, y en su demanda reclama el abono de una parte del salario de un mes de trabajo que cree que se le adeuda y el derecho a que se le sigan abonado los posteriores sin aplicarle el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Esa pretensión, relativa al abono de los salarios que cree el trabajador que le corresponden, es una típica cuestión litigiosa entre él y su empresa, surgida como consecuencia del contrato de trabajo que entre ellos existe, siendo el abono del salario por empresario y, correlativamente, el derecho a la percepción de la remuneración pactada o legalmente establecida por el trabajador, de las principales consecuencias que se derivan de tal contrato, a tenor de los artículos 1.1 y 4.2.f) del Estatuto de los Trabajadores .
Por ello, el competente para conocer de la demanda es este orden jurisdiccional y no el contenciosoadministrativo,...
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