STSJ Castilla-La Mancha 4/2011, 17 de Enero de 2011

Ponente:JOSE BORREGO LOPEZ
Número de Recurso:1135/2007
Procedimiento:PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Número de Resolución:4/2011
Fecha de Resolución:17 de Enero de 2011
Emisor:Sala de lo Contencioso
RESUMEN

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. A su juicio el período de producción coincide o tiene su causa directa en el tiempo de servicios prestados en la empresa, y se genera en el momento del cese laboral provocado por la necesidad de la empresa de ajustar su plantilla a sus exigencias reales, siendo el carácter unitario del derecho a la percepción de la indemnización el que provoca la... (ver resumen completo)

 
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T.S.J.CAST.LA MANCHA CON/AD SEC.1

ALBACETE

SENTENCIA: 00004/2011

Recurso núm. 1135 de 2007

Ciudad Real

SALA DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 1ª.

Iltmos. Sres.:

Presidente:

D. José Borrego López

Magistrados:

D. Mariano Montero Martínez

D. Ricardo Estévez Goytre

S E N T E N C I A Nº 4

En Albacete, a diecisiete de Enero de dos mil once.

Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, los presentes autos número 1135/07 del recurso contencioso administrativo seguido a instancia de DON Onesimo, representado por el Procurador Sr. Legorburo Martínez-Moratalla, contra el TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA LA MANCHA, que ha estado representado y dirigido por el Sr. Abogado del Estado, sobre I.R.P.F.; siendo Ponente el Itmo. Sr. Don José Borrego López, Magistrado Especialista de lo Contencioso-Administrativo.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Por la representación procesal de la actora se interpuso en fecha 09 de Noviembre de 2007, recurso contencioso- administrativo contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La Mancha.

Formalizada demanda, tras exponer los hechos y fundamento jurídicos que estimó aplicables, terminó solicitando se dicte sentencia por la que: "se anule la resolución del TEAR directamente impugnada mediante la que se reconozca la aplicación de la reducción invocada a los rendimientos del trabajo percibidos por mi representado como consecuencia de su prejubilación de la entidad BBVA.

SEGUNDO

Contestada la demanda por la Administración demandada, tras relatar a su vez los hechos y fundamentos jurídicos que entendió aplicables, solicitó una sentencia desestimatoria del recurso.

TERCERO

No habiéndose acordado el recibimiento del pleito a prueba, se reafirmaron las partes en sus escritos de demanda y contestación por vía de conclusiones, y se señaló día y hora para votación y fallo, el 13 de Enero de 2011, en que tuvo lugar. CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Las cuestiones legales aquí suscitadas, ya han sido resuelta por la Sala, Sección Segunda, en Sentencia de fecha 12 de Junio de 2006, recaída en el Procedimiento Ordinario nº 406/02, al señalar: " PRIMERO.- Se cuestiona en la presente causa la adecuación a derecho de la resolución del Tribunal Económico-administrativo Regional de Castilla-La Mancha de fecha 15 de febrero de 2002, por la que se desestimó la reclamación económico-administrativa número 16-152.00 y sus acumuladas, números 182, 242 y 252 del mismo año, interpuestas contra las resoluciones de la Delegación de Cuenca de la Agencia Estatal Tributaria por las que se desestimaron los recursos de reposición interpuestos contra liquidaciones del IRPF en las que, frente a las autoliquidaciones en las que se incluyeron ciertas cantidades percibidas de la "Entidad Antares, S.A.", como rentas irregulares, se incluían como regulares del trabajo; en los recursos de reposición se defendía además que en realidad la renta estaba exenta por aplicación de lo establecido en el artículo

9.1.d de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

SEGUNDO

Los presupuestos o antecedentes de hecho sobre los que gira la controversia tienen su origen en el cese de la relación laboral que vinculaba al actor con la Cía. Telefónica, y que se produce al acogerse aquél, voluntariamente según la Administración, y forzadamente según el actor, al sistema de prejubilaciones previsto en Convenio Colectivo para los empleados fijos de plantilla en activo que hubieran cumplido 55 años y no alcanzasen la edad de 60 años.

A tal efecto el hoy actor, que se encontraba en esa situación, y la empresa acordaron mediante el oportuno convenio la baja o cese de la actividad laboral a partir de la fecha que identificaban en el documento suscrito. A cambio se pactaba a cargo de la empresa una compensación a percibir por el empleado consistente en una cantidad global que se fijaba según Convenio, pero que se abonaría en forma renta mensual a través del Cía de Seguros Antares SA, conforme a una liquidación que se adjuntaba, y calculada en un porcentaje de la retribución fija acreditada en el momento de la baja, además del importe del promotor al Plan de Pensiones calculado sobre el último salario en función del tiempo que reste hasta cumplir los 60 años y finalmente del importe de las ayudas infantil y escolar correspondientes al período de prejubilación, practicando la empresa aseguradora la retención a cuenta del IRPF de las cantidades que procedan y durando esta situación hasta que el empleado alcanzase la edad de 60 años.

Entre tanto el trabajador debía suscribir un Convenio Especial con la Seguridad Social para mantenerse en situación asimilada al alta asumiendo el coste de dicho Convenio la empresa hasta la edad de jubilación voluntaria abonando al efecto las cantidades que se acrediten por el mismo en base a dicho convenio, pero siendo éste el responsable frente al INSS para la efectividad de la pensión de jubilación.

El período de "prejubilación" - según el convenio - se computaría como tiempo de servicios para la percepción del premio de servicios al cumplir 60 años. Además la empresa mantendría al prejubilado en situación de alta en la póliza del seguro colectivo de riesgo, con cuotas a cargo de la misma.

A su vez el empleado se comprometía a no realizar durante el período de prejubilación de cualquier tipo de actividad por cuenta propia o ajena que suponga competencia con la empresa, lo que liberaría a la misma de sus compromisos y cesaría la empresa aseguradora en el pago de las rentas mensuales aseguradas, debiendo restituir las cantidades percibidas desde el inicio de la actividad hasta el momento en que se constate tal circunstancia.

TERCERO

Pues bien, los recurrentes presentaron autoliquidación correspondiente al ejercicio del IRPF de 1998 en las que se computaba como renta irregular la cantidad percibida anualmente de la Aseguradora ANTARES en concepto de compensación por la situación de prejubilación. La Agencia Estatal de Administración Tributaria, sin embargo, giró liquidaciones provisionales en las que se conceptuaba la renta como regular, ante lo cual presentaron recursos de reposición en los que defendían que en realidad la renta estaba exenta, por ser indemnización de las del artículo 9.1.d) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, según el cual o, subsidiariamente, renta irregular, según declararon inicialmente, al estimar que dicha suma debía entenderse como rendimiento producido a lo largo del período superior a 2 años en que prestó sus servicios para la empresa citada.

Desestimada dicha solicitud, interpusieron reclamaciones económico-administrativas ante el Tribunal Económico-administrativo de Castilla-La Mancha, que ha dictado resolución desestimatoria, que es objeto del presente recurso.

La resolución del TEAR entiende:

  1. Que las cantidades abonadas a los actores en virtud del contrato de prejubilación no pueden considerarse exentas, dado que el precepto cuya aplicación invocan parte de que la indemnización abonada lo sea por "despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio por el Estatuto de los Trabajadores", mientras que en el caso de autos la cantidad en cuestión no es abonada con carácter obligatorio a los trabajadores por mor del Estatuto de los Trabajadores y como consecuencia de cese o despido, cuyo concepto enlaza con una situación involuntaria por parte del trabajador, sino que en este caso la finalización de la relación laboral es resultado de la voluntad concordada entre empresario y trabajador plasmada en un documento que incluso establece cláusulas adicionales ajenas al mero cese involuntario o despido, como es la de abstenerse el trabajador de cualquier tipo de actividad laboral que pueda suponer competencia para la empresa.

  2. En cuanto a la pretensión subsidiaria de que se consideren rentas irregulares, el T.E.A.R. considera que las rentas que se perciben son rendimientos indirectos del trabajo que carecen del carácter irregular propugnado, porque se producen de forma regular - mensualmente - y por el hecho de que para la determinación de su monto no se toma en consideración en modo alguno un período de producción superior al año, sino que se calcula sobre las cantidades dejadas de percibir como consecuencia del fin de la relación laboral que se venía desarrollando, a fin de mantener la esperanza del volumen de percepciones a la edad de jubilación y satisfacción de cuotas del convenio especial con la Seguridad Social.

CUARTO

Así pues, lo primero que debe ser objeto de examen es el alegato de los actores según el cual las percepciones en cuestión están exentas de tributación en el IRPF, al menos hasta el límite de las indemnizaciones establecidas en el Estatuto de los...

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