STSJ Comunidad de Madrid , 24 de Junio de 1998

Ponente:INES MARIA HUERTA GARICANO
Número de Recurso:905/1996
Procedimiento:CONTENCIOSO
Fecha de Resolución:24 de Junio de 1998
Emisor:Sala de lo Contencioso
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

R° 905/96 SENTENCIA Nº 573 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN OCTAVA Ilmos. Sres.

Presidente Dña. Inés Huerta Garicano Magistrados D. Miguel Angel Vegas Valiente D. Ricardo Sánchez Sánchez En la Villa de Madrid a veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho.

VISTO por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los Autos del recurso contencioso- administrativo nº 905/96, interpuesto por la Letrada Dña. Blanca Bettschen Capa, actuando en nombre y representación de D. Alonso -DIRECCION000 de la Asamblea Vecinal de Castrillo de Valdelomar-, D. Constantino - DIRECCION000 de la Asamblea Vecinal de San Andrés de Valdelomar, D. Juan - DIRECCION000 de la Asamblea Vecinal de San Martín de Valdelomar- y D. Ismael - DIRECCION000 de la Asamblea Vecinal de Santa María de Valverde-, contra la arden del Ministerio de Industria y Energía de 6 de marzo de 1996, en cuanto desestimatoria del recurso ordinario entablado frente a la Resolución de la Dirección General de Minas de 11 de julio de 1995, por la que se otorgó a D. Juan Manuel la concesión de explotación "Quintanilla nº 16.361" para arcillas y arenas siliceas, con una superficie de 8 cuadriculas mineras, en los términos municipales de Valderredible (Cantabria) y Pomar de Valdivia (Palencia), con la condición especial del cumplimiento de la "Declaración de impacto ambiental", realizada por Resolución de la Dirección General de Política Ambiental del Ministerio de obras Públicas y Transportes.

Han sido partes demandadas la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado y D. Juan Manuel , representado por el Procurador D. Luis Pastor Ferrer.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la parte demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que postuló una sentencia por la que se anulasen las Resoluciones impugnadas.

SEGUNDO

El Abogado del Estado contestó la demanda en escrito por el que solicitaba el dictado de sentencia que inadmitiera el recurso por desviación procesal, o, subsidiariamente, su desestimación.

La parte codemandada, en igual trámite, se pronunció en parecidos términos.

TERCERO

Habiéndose recibido el proceso a prueba, y formulado escrito de conclusiones, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento.

CUARTO

Para votación y fallo del presente recurso se señaló la audiencia del día 23 de junio de 1998, teniendo lugar.

QUINTO

En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación.

Siendo Ponente la Magistrada de la Sección Iltma. Sra. Dña. Inés Huerta Garicano.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

El objeto del presente recurso se concreta en determinar si la concesión de explotación minera otorgada al codemandado es o no conforme con el ordenamiento jurídico.

La actora, en vía administrativa, impugnó dicha concesión, básicamente, por los siguientes motivos:

  1. Falta de la documentación necesaria exigida por los arts. 62, 64, 84 y 85 del Reglamento de Minas ; b)

Falta de presentación de la documentación exigida en el art. 64.2 de la Ley de Minas : c) Incorrecta valoración de los yacimientos en la Sección C, cuando, a juicio de los actores, deben quedar configurados en la Sección A. En esta vía jurisdiccional, fundan su pretensión impugnatoria en que la Dirección General de Minas ha otorgado la concesión sin audiencia de las Juntas Vecinales propietarias del Monte de Utilidad Pública nº

266 del C.U.P., denominado "Agudedo", debiendo resolver, en caso de discrepancia, el Consejo de Ministros (arts. 20 de la Ley de Montes, 172 y 179 de su Reglamento). En su escrito de conclusiones centran la argumentación jurídica -a partir de la pericial realizada- en el incumplimiento de las medidas correctoras exigidas por la Dirección General de Política Ambiental para que la concesión otorgada pudiera considerarse ambientalmente viable.

SEGUNDO

Del expediente remitido por la Administración demandada, de las alegaciones vertidas en los escritos forenses de las partes y de la prueba practicada quedan acreditados, por lo que aquí interesa, los siguientes extremos:

1) D. Juan Manuel -codemandado en este proceso- en escrito presentado el día 21 de febrero de 1989 solicitó concesión para la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA