STSJ Comunidad de Madrid , 22 de Julio de 1999

Interpuesto el recurso y previos los oportunos trámites de publicidad legal y reclamación del expediente administrativo, se confirió traslado a las partes actoras por término de veinte días para formalizar la demanda, lo que verificaron mediante los oportunos escritos en que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaron pertinentes, terminaron solicitando que se dicte sentencia estimatoria de su respectivo recurso.

Asimismo, la parte demandada contestó a la demanda mediante escrito en el que, alegando los hechos que estimaron oportunos y los fundamentos de derecho correspondientes, solicitó se dictara sentencia desestimando la pretensión formulada por la parte actora.

Por auto se acordó recibir el presente recurso a prueba, siendo practicadas las que la Sala estimó pertinentes a propuesta por la parte, y no estimándose necesaria la celebración de vista pública, se confirió traslado a las partes por término de quince días para la formulación de conclusiones, presentándose los oportunos escritos.

Como diligencia para mejor proveer se acordó aportar el informe pericial de Academia al Colegio de Arquitectos de Madrid, emitido en los recursos 3609/93, 3255/93, 3730/93 y 2244/94 de la Sección Primera de esta Sala, referidos a justiprecios de fincas del Sector "Arroyo Culebro".

Del citado informe del C.O.A.M., se dio traslado a todas las partes personadas en este recurso del Proyecto de expropiación reseñado para que pudiesen formular las alegaciones que estimasen convenientes en torno a la prueba pericial practicada para mejor proveer; presentando sus respectivos escritos de alegaciones las partes personadas.

Se procedió a señalar fecha para votación y Fallo el día 16 de marzo de 1999, lo que tuvo lugar en su momento.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio González Escribano.

HECHOS PROBADOS De los datos obrantes en el expediente, así como de las alegaciones formuladas por las partes y pruebas practicadas en el curso de las presentes actuaciones, resultan probados los siguientes hechos con relevancia para dictar la resolución que nos ocupa:

Acordada la expropiación de las fincas afectadas por el Proyecto de Expropiación del PAU Sur, Sector Arroyo Culebro, expropiada por la Consejería de Política Territorial de la Comunidad de Madrid, se procedio a la valoración de la finca número NUM000 de 4.171 m2 de superficie, calificada de suelo urbanizable no programado con Programa de actuación urbanística, siendo valorada por la Administración expropiante, y presentándose hoja de aprecio por los expropiados con una valoración en disconformidad con la Administración.

El Jurado en la resolución impugnada consideró que para "el señalamiento del justo precio del terreno expropiado se han de tener en cuenta las circunstancias que en el mismo concurren, como son su situación, extensión, su condición de suelo urbanizable no programado con plan de actuación urbanística aprobado, el aprovechamiento urbanístico de 0,097 m2/m2 establecido, precios que figuran en las transacciones normales de terrenos análogos en la zona y demás características" Con base en tales consideraciones y "en uso de lo establecido en el art. 43 de la Ley de Expropiación Forzosa .. entiende que el justiprecio de estos terrenos debe cifrarse, según valoraciones precedentes, en la cantidad de 900 pts./m2, aparte del incremento del 5% de afección".

Por todo ello, señaló como justiprecio de los bienes y derechos expropiados la suma equivalente a multiplicar dicha cifra por la superficie de la finca, incluido el premio de afección.

Contra esta resolución interpusieron recurso de reposición, tanto la Administración expropiante como el expropiado, recursos que fueron desestimados por resolución antes referida.

El presente recurso tiene por objeto la impugnación de los Acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación por los que se fijan el justiprecio de los bienes litigiosos expropiados. La Comunidad de Madrid considera procedente reducir el justiprecio fijado por el Jurado basándose para ello en la inconveniencia de utilizar, para una expropiación urbanística como la que nos ocupa, los criterios estimativos del art. 43 de la de la Ley de Expropiación Forzosa . Considera, por otra parte, que el Jurado en las resoluciones impugnadas se limita a enumerar una serie de circunstancias irrelevantes o insuficientemente contrastadas que impide mantener la presunción de acierto y legalidad de su decisión. A juicio de la Administración expropiante, ha de acudirse a los criterios de valoración fijados en los arts. 105 y 108 de la Ley del Suelo de 1976 fijándose un valor urbanístico. En la indagación del valor urbanístico procedente descartan la estimación del rendimiento conforme al aprovechamiento atribuible a efectos fiscales por ser nulo, pasando a valorar el suelo conforme al aprovechamiento medio -homogeneizando todos los usos respecto al residencial en régimen de Vivienda de Protección Oficial sin que pueda superar el valor del suelo el 15% del precio en venta de tales viviendas- llegando a la conclusión de que el valor del suelo debería ser, desde esta perspectiva, el de 180 pts/m2. Ahora bien, considera que puede existir un valor fiscal superior, obtenido de la aplicación de las Ordenanzas fiscales de alguno de los municipios implicados en este proyecto expropiatorio, que cifran en 381 pts./m2, considerando que debe prevalecer el valor fiscal, como mínimo garantizado, sobre el valor urbanístico. Posteriormente, en el escrito de conclusiones pide que se fije como justiprecio el unitario de 461'50 pesetas/m2.

El expropiado fundamenta su pretensión de elevación del justiprecio a 4.000 pts/m2 en la necesidad de valorar el suelo partiendo de la clasificación de suelo urbanizable programado ante la imposibilidad de acudir al valor fiscal y al aprovechamiento medio por su escasa edificabilidad contemplada en relación con la existencia de enormes superficies destinadas a sistemas generales, acudir al valor real utilizando los criterios del artículo 43 de la L.E.F ., como hace el Jurado, pero incrementando, como opone, tomando en consideración el fijado para terrenos próximos en compraventas, convenios urbanísticos y otros proyectos.

Por lo que respecta al valor del suelo y con carácter previo a toda otra consideración, procede señalar que nos encontramos ante una expropiación urbanística, llevada a cabo en ejecución de los Planes Generales revisados de diversos municipios de la zona Sur de Madrid y del Programa de Actuación urbanística para la zona Sur Metropolitana, para cuya ejecución se elaboró el Proyecto de Delimitación y Expropiación del PAU Sur (Sector Arroyo Culebro) aprobado definitivamente el 24 de abril de 1990. Es por ello que los criterios de valoración del suelo expropiado han de ser los establecidos en los arts.

103 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 y concordantes del Reglamento de Gestión Urbanística , normativa aplicable en el momento de aprobarse el citado proyecto expropiatorio, sin que puedan ser objeto de consideración los contenidos en la legislación expropiatoria común y, en especial, los estimativos que autoriza el art. 43 de la Ley de Expropiación Forzosa . Ello, por lo demás, no es contrario a la garantía expropiatoria del art. 33.3 de la Constitución , pues como ha afirmado el Tribunal Supremo (Sala Tercera, Sección sexta) en su sentencia de 18 de enero de 1993 , la Ley, en desarrollo de la función social de la propiedad, bien puede acudir a criterios valorativos distintos de los propios del mercado, siempre que subsista la correspondiente indemnización. En definitiva, los criterios valorativos de nuestra legislación urbanística responden a un principio rector de nuestra política social y económica tal cual es el que la Comunidad participe en las plusvalías generadas por la acción urbanística (art. 47.2 de la Constitución).

Tales criterios de valoración cuando se trata de suelo urbanizable...