STSJ Cantabria , 17 de Marzo de 2005

Ponente:MARIA TERESA MARIJUAN ARIAS
Número de Recurso:491/2004
Procedimiento:CONTENCIOSO
Fecha de Resolución:17 de Marzo de 2005
Emisor:Sala de lo Contencioso
RESUMEN

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IMPACTO AMBIENTAL. EVALUACIÓN. La evaluación de impacto ambiental es un instrumento que sirve para preservar los recursos naturales y defender el medio ambiente en los países industrializados. Se desestima el recurso.

 
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T.S.J.CANTABRIA SALA CON/AD SANTANDER SENTENCIA: 00127/2005 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SENTENCIA Iltmo. Sr. Presidente :

Doña María Teresa Marijuan Arias Iltmos. Sres. Magistrados Doña María Josefa Artaza Bilbao Don Marcos Gómez Puente ^ 72; 472; En la Ciudad de Santander, a 17 de marzo de 2005. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha visto el recurso número 491/04 interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE LIENDO , representado por el Procurador Sr. Revilla Martínez y defendido por el Letrado Sr. Goikoetxea González, contra el GOBIERNO DE CANTABRIA representado y defendido por el Letrado de sus Servicios Jurídicos.La cuantía del recurso es indeterminada pero superior a 150.253 euros.

Es Ponente la Iltma. Sra. Doña María Teresa Marijuan Arias, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

El recurso se interpuso el día 24 de junio de 2004 contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria de fecha 15 de abril de 2004 por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de dicho órgano de fecha 27 de noviembre de 2003 desestimatorio de la discrepancia planteada por el Ayuntamiento de Liendo frente a la Estimación de Impacto Ambiental Denegatoria emitida por el Director General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en relación con el proyecto municipal de "Acondicionamiento de Terreno en el Paraje de la Hoya".

SEGUNDO

En su escrito de demanda, la parte actora interesa de la Sala dicte sentencia por la que se declare la nulidad de las resoluciones combatidas, por ser contrarias al ordenamiento jurídico, declarando que la Estimación de Impacto Ambiental debe tener un contenido positivo o, en su caso, se ordene a la Administración a requerir la ampliación del Informe de Impacto Ambiental a todos aquellos aspectos no recogidos en el mismo y que a juicio de aquélla exijan la aplicación de medidas correctoras, para luego volver a formular la Estimación de Impacto Ambiental.

TERCERO

En su escrito de contestación a la demanda el Gobierno de Cantabria demandado solicita de la Sala la desestimación del recurso, por ser conformes a Derecho los actos administrativos que se impugnan.

CUARTO

No recibido el proceso a prueba se señaló fecha para la deliberación, votación y fallo que tuvo lugar el día 10 de marzo de 2005,en que efectivamente se deliberó, votó y falló.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Es objeto del presente recurso el Acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria de fecha 15 de abril de 2004 por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de dicho órgano de fecha 27 de noviembre de 2003 desestimatorio de la discrepancia planteada por el Ayuntamiento de Liendo frente a la Estimación de Impacto Ambiental Denegatoria emitida por el Director General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en relación con el proyecto municipal de "Acondicionamiento de Terreno en el Paraje de la Hoya".

SEGUNDO

En orden al medio ambiente, el Tribunal Constitucional ha declarado:

(Sentencia del T.C. de 26-6-1995, núm. 102/1995). "La evaluación de impacto ambiental es un instrumento que sirve para preservar los recursos naturales y defender el medio ambiente en los países industrializados. Su finalidad propia es facilitar a las autoridades competentes la información adecuada, que les permita decidir sobre un determinado proyecto con pleno conocimiento de sus posibles impactos significativos en el medio ambiente (Preámbulo de las Directivas 85/337/CEE y 97/11/CE y del Real Decreto Legislativo 1302/1986). La legislación ofrece a los poderes públicos, de esta forma, un instrumento para cumplir su deber de cohonestar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente (STC 64/1982, fundamento jurídico 2.2). La evaluación del impacto ambiental aparece configurada como una técnica o instrumento de tutela ambiental preventiva -con relación a proyectos de obras y actividades- de ámbito objetivo global o integrador y de naturaleza participitiva ... La declaración de impacto ambiental, a cargo de la autoridad competente en materia de medio ambiente, en esencia, se pronuncia sobre la conveniencia o no de ejecutar las obras o actividades proyectadas y en caso afirmativo, las condiciones a que ha de sujetarse su realización, para evitar, paliar o compensar las eventuales repercusiones negativas que sobre el ambiente y los recursos naturales puede producir aquélla"

TERCERO

Tal y como señala reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras en la Sentencia de 17 de noviembre de 1998_

"Se trata pues de analizar la naturaleza jurídica de la Declaración de Impacto Ambiental, para lo cual conviene ante todo contemplar su regulación en el Derecho Comunitario y en las normas de nuestro Derecho Interno que han hecho transposición de sus determinaciones.

  1. La Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985 , relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, no impone a los Estados miembros un tratamiento jurídico-procesal de tales evaluaciones que permita su control jurisdiccional autónomo o desligado del que quepa abrir contra la resolución autorizatoria del proyecto; ni impone tampoco lo contrario. La autonomía procesal de los Estados miembros en ese aspecto queda incólume, limitándose las obligaciones que el Derecho Comunitario les impone, en lo que ahora importa, al necesario sometimiento de determinados proyectos a una previa evaluación de su repercusión sobre el medio ambiente, y a la necesaria toma en consideración de ella en el marco del procedimiento de autorización. Destaca aquélla en consecuencia, como es lógico, la relación existente entre la evaluación y la toma de decisión sobre la realización del proyecto, haciéndolo en términos suficientemente indicativos del carácter instrumental o medial de la primera respecto de la segunda. Así, su artículo 1º, número 2, advierte que por "autorización" ha de entenderse "la decisión de la autoridad o de las autoridades competentes que confiere al maestro de obras el derecho a realizar el proyecto"; y dispone en su artículo 2º, número 1, párrafo primero, que "los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, se sometan a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones"; en el número 2 del mismo artículo que "la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente podrá integrarse en los procedimientos existentes de autorización de los proyectos en los Estados miembros o, a falta de ellos, en otros procedimientos o en los procedimientos que deberán establecerse para satisfacer los objetivos de la presente Directiva"; y en el artículo 8º que "las informaciones recogidas de conformidad con los artículos 5º, 6º y 7º deberán tomarse en consideración en el marco del procedimiento de autorización". Además de lo anterior, no puede por menos de observarse que la Directiva se refiere reiteradamente a la idea o concepto de evaluación, en el que no integra un componente de decisión propiamente dicha; y que cuando se detiene a contemplar la intervención de "las autoridades que puedan estar interesadas en el proyecto, debido a su responsabilidad específica en materia de medio ambiente", lo que impone a los Estados miembros es el deber de que adopten las medidas necesarias para que dichas autoridades "tengan la posibilidad de dar su dictamen sobre la solicitud de autorización" (artículo 6.1).

  2. La transposición de dicha Directiva a nuestro Derecho interno se llevó a cabo a través del Real Decreto Legislativo número 1302/1986,...

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