STSJ Cataluña , 26 de Julio de 2002
| Ponente | JUAN FERNANDO HORCAJADA MOYA |
| ECLI | ES:TSJCAT:2002:9424 |
| Número de Recurso | 274/1994 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 26 de Julio de 2002 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
1 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION QUINTA Recurso nº 274/94 Partes: ACADEMIA CENTRAL CATALANA, S.A. C/ DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT S E N T E N C I A Nº 619 Ilmos. Sres.:
PRESIDENTE D. JOAQUIN ORTIZ BLASCO MAGISTRADOS D. JUAN FERNANDO HORCAJADA MOYA Dª ANA RUBIRA MORENO En la ciudad de Barcelona, a veintiséis de julio de dos mil dos. VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION QUINTA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo nº
274/94, interpuesto por LA ACADEMIA CENTRAL CATALANA, S.A., representado por el Procurador D. JOSÉ RAFAEL ROS FERNANDEZ y asistido por letrado, contra el DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, representado y asistido por el LETRADO DE LA GENERALITAT.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JUAN FERNANDO HORCAJADA MOYA, quien expresa el parecer de la SALA.
El Procurador citado, actuando en nombre y representación de la parte actora, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de fecha 23 de noviembre de 1993, por la que se acuerda rescindir el concierto educativo con efectos desde el 1 de septiembre de 1994 y ordenar el retorno a los alumnos afectados de las cantidades correspondientes a cuotas no autorizadas durante los cursos 90-91 y 91-92.
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dió el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación; en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
Por auto de 9 de mayo de 1995, la Sala acordó el recibimiento del pleito a prueba, solicitado por la parte actora, practicándose las que propusieron y consideraron de aplicación. Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que las partes evacuaron y, se señaló para votación y fallo el 22 de mayo del año en curso. Por providencia de 8 de julio de 2002, se suspendió el plazo para dictar sentencia, dándose cinco días a las partes para que formulasen alegaciones en relación a la repercusión en la presente litis de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Séptima, de 20 de febrero de 2001. Finalmente quedaron las actuaciones pendientes para dictar sentencia.
En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Mediante el presente recurso impugna la actora, titular del centro docente privado concertado " Catalán Comercial" sito en l'Hospitalet de Llobregat, código 08033675, la resolución del Conseller d'Ensenyament, de fecha 23 de noviembre de 1993, por la que se acuerda rescindir el concierto educativo con efectos desde el 1 de septiembre de 1994 y ordenar el retorno a los alumnos afectados de las cantidades correspondientes a cuotas no autorizadas durante los cursos escolares 1990-91 y 1991-92, por importe superior a 30.000.000 ptas.
Importa significar que ese concierto había sido establecido por Orden de 4 de julio de 1990, con una duración de cuatro años, y que la rescisión se adopta al amparo de lo dispuesto en el art. 63.2 de la Ley Orgánica 8/1995, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, y en el art. 54 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos.
También es importante dejar constancia de que , en virtud de auto de 22 de abril de 1996, se acordó la suspensión de las presentes actuaciones hasta que no recayera sentencia firme en la causa criminal seguida con motivo del cobro de esas presuntas cuotas indebidas, habiendo dictado sentencia absolutoria la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 7ª), en fecha 20 de febrero de 2001, que ha ganado firmeza, sobre cuyo significado, vinculación y efectos se razonará más adelante.
La pretensión anulatoria de la actora sigue una doble dirección, a tenor de sus escritos de demanda y conclusiones .
Por una parte invoca la prescripción de las infracciones imputadas determinantes de la rescisión, y de otra alega su falta de culpabilidad derivada de diversas circunstancias: que observó lo acordado en la comisión de conciliación que se constituyó para dilucidar los posibles incumplimientos del concierto; que no se han acreditado las cuotas no autorizadas satisfechas por los alumnos; que estas cuotas fueron autorizadas por el Consejo Escolar del centro educativo; y que el importe de esas cuotas se invirtió en necesidades del propio centro.
No obstante , también alude implícitamente y luego con toda claridad, en alegatos posteriores, a la improcedencia de lo acordado por no darse el supuesto efectivamente contemplado en los preceptos que cita la resolución.
En último extremo, la actora pone de relieve que la Administración ha seguido un...
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