STSJ Andalucía 3762/2013, 30 de Diciembre de 2013
| Ponente | MARIA LUISA MARTIN MORALES |
| ECLI | ES:TSJAND:2013:14108 |
| Número de Recurso | 909/2013 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - APELACION |
| Número de Resolución | 3762/2013 |
| Fecha de Resolución | 30 de Diciembre de 2013 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA
SEDE EN GRANADA
SECCION PRIMERA
ROLLO Nº 909/13
SENTENCIA Nº 3762 DE 2013
Ilma Sra. Presidenta:
Dña. Beatriz Galindo Sacristán
Ilmos Srs. Magistrados:
Dña. Mª Luisa Martín Morales
D. Antonio de la Oliva Vázquez
D. Rafael Rodero Frías
Granada, a treinta de diciembre de dos mil trece.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se ha tramitado el recurso de apelación número 909/13 dimanante del procedimiento núm. 190/13, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de los de Almería, siendo parte apelante la Subdelegación del Gobierno en Almería, en cuya representación y defensa interviene el Abogado del Estado, y parte apelada D. Millán, representado por el abogado D. Pedro José García Cazorla.
En el mencionado procedimiento, tramitado ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo citado, se dictó auto en fecha 24-5-13, interponiéndose frente a dicha resolución recurso de apelación dentro de plazo.
Tras ser admitido por el Juzgado, se dio traslado a las demás partes personadas para que en el plazo de 15 días formularan su oposición al mismo, presentándose por la parte apelada en fecha de el escrito de impugnación de dicho recurso.
Elevadas las actuaciones a esta Sala, se formó el oportuno rollo, se registró, se designó Ponente, y al no haberse practicado prueba, ni celebrado vista o conclusiones, se declararon conclusas las actuaciones para dictar la resolución procedente.
Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día referido en las actuaciones, en que efectivamente tuvo lugar.
En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales; siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dña. Mª Luisa Martín Morales, que expresa el parecer de la Sala.
El presente recurso de apelación tiene por objeto el auto de fecha 24-5-13, dictado por el Juzgado de lo contencioso administrativo n° 3 de la localidad de Almería, por el que se adoptó la medida cautelar de suspensión instada respecto de la resolución de 21-1- 13 dictada por la Subdelegación del Gobierno en Almería que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra anterior resolución de 22-11-12 por la que se denegó el otorgamiento del permiso de residencia temporal con autorización para trabajar por arraigo social.
La parte apelante fundamenta su recurso en líneas generales en los siguientes argumentos:
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- La resolución administrativa impugnada conllevaba dos consecuencias: la denegación de la autorización solicitada (objeto del proceso principal) y el efectos indirecto del acto denegatorio (salida del territorio nacional).
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-La medida cautelar de suspensión ha de decidirse sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo que ha de constituir el objeto del proceso. En el presente caso, no procede la concesión de la autorización de residencia temporal pues es la cuestión de fondo que debe ser analizada a la vista de la actuaciones realizadas en el curso del procedimiento
Frente a ello la representación jurídica de la parte apelada se opone, esgrimiendo en líneas generales, que la resolución judicial es ajustada a derecho.
La configuración de la tutela cautelar en el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa ha experimentado un importante giro con la entrada en vigor de la actual Ley Reguladora de 13 de julio de 1998, cuya regulación se contiene en los artículos 129 y ss, viniendo a acoger los criterios jurisprudenciales que se han venido estableciendo en la materia (así, las SSTC 14/1992, 238/1992 y 148/1993 ), y posibilitando la adopción de medidas cautelares, sin limitarlas a la suspensión del acto administrativo impugnado, sino extendiéndolas a cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia como expresa el art. 129 de la referida Ley .
Así, dice el precepto que "previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso. La medida cautelar podrá denegarse cuando de esta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada".
El primer párrafo establece, por tanto, el presupuesto de la medida: la pérdida de la finalidad legítima del recurso o lo que la jurisprudencia ha denominado "el efecto útil" de la sentencia (como expone, entre otras, la sentencia del T.S. de 17 de junio de 1997 ), es decir, que la tardanza en dictar un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo, pudiera hacer inoperante aquel.
Por ello, resulta necesario, ponderar los intereses concurrentes a fin de apreciar la conveniencia o no de acceder a la suspensión, conforme indican las sentencias del TS de 27 de julio y 28 de septiembre de 1996 ; valoración que ha de ser circunstanciada, y por tanto, sopesando las características del caso concreto, en lo que la jurisprudencia denomina la valoración ad cassum, como delimitan los autos del T.S. de 4 de enero de 1990, 15 de julio de 1991 y 18 de mayo de 1996 .
Además, el art. 130.2 LJCA de 13 de julio de 1998 establece que la medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderarán en forma...
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