Sentencia nº 497/2006 de TSJ Andalucía (Granada), Sala de lo Contencioso, Octubre 09, 2006

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Procedimiento:CONTENCIOSO
Ponente:RAFAEL TOLEDANO CANTERO
Fecha de Resolución:2006/10/09
Número de Resolución:497/2006
Número de Recurso:4879/2002/
Emisor:Sala de lo Contencioso
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497/2006

SECCIÓN SEGUNDA

RECURSO 4879/2002

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA

SENTENCIA NÚM. 497 DE 2.006

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Ilmo. Sr. Presidente:

Don José Antonio Santandreu Montero

Ilmos. Sres. Magistrados

Don Federico Lázaro Guil

Don Rafael Toledano Cantero

______________________________________

En la ciudad de Granada, a nueve de octubre de dos mil seis. Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se ha tramitado el recurso número 4879/2002, seguido a instancia de la entidad mercantil RETEVISIÓN MÓVIL S.A., que comparece representado por la Procuradora Sra. Rodríguez García y asistida de Letrado, siendo parte demandada el AYUNTAMIENTO DE ANTAS (ALMERÍA), en cuya representación actúa la Procuradora doña Carmen Muñoz Cardona y asistido por el Letrado de la Diputación Provincial de Almería. La cuantía del recurso es indeterminada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

- El recurso se interpuso el día 10 de octubre de 2002, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Antas ( Almería ) de fecha 26 de septiembre de 2002, por el que se aprobó la Ordenanza municipal para la Instalación y Funcionamiento de Instalaciones de Radiocomunicaciones en el término municipal de Antas ( Almería ), y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, número 196, de fecha 11 de octubre de 2002. Admitido a trámite el recurso se acordó reclamar el expediente administrativo, que ha sido aportado.

SEGUNDO

- En su escrito de demanda la parte actora expuso cuantos hechos y FUNDAMENTOS DE DERECHO consideró de aplicación y terminó por solicitar se dictase sentencia estimando el recurso y anulando la ordenanza impugnado en sus artículos 3, 8, 11, 12, 14, 23, 28, y las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la misma..

TERCERO

- En el trámite de contestación a la demanda, la Administración demandada no presentó escrito.

CUARTO

- Acordado el recibimiento a prueba por plazo de treinta días comunes a las partes para proponer y practicar, en dicho período se practicaron aquellas pruebas que propuestas en tiempo y forma por las partes, la Sala admitió y declaró pertinentes, incorporándose las mismas a los autos con el resultado que en estos consta.

QUINTO

- Declarado concluso el período de prueba y al no solicitar las partes la celebración de vista pública, ni estimarse necesario por la Sala, se acordó darles traslado para conclusiones escritas, cumplimentándose el mismo mediante escrito en que reiteraron las peticiones contenidas en los de demanda y contestación. Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día y hora señalado en autos, en que efectivamente tuvo lugar, habiéndose observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso.

Visto, habiendo actuado como Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. Don Rafael Toledano Cantero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

- El recurso se dirige contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Antas ( Almería ) de fecha 26 de septiembre de 2002, por el que se aprobó la Ordenanza municipal para la Instalación y Funcionamiento de Instalaciones de Radiocomunicaciones en el término municipal de Antas ( Almería ), y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, número 196, de fecha 11 de octubre de 2002.

SEGUNDO

- Se suscita en primer lugar la falta de competencia de las entidades locales para aprobar ordenanzas reguladoras de las instalaciones de telecomunicación que empleen el dominio radioeléctrico. Se argumenta que la ordenanza se extiende más allá de las competencias locales, regulando las condiciones de funcionamiento del servicio, así como la existencia de una norma estatal que regula las restricciones de las emisiones radioeléctricas y las medidas de protección sanitaria frente a las mismas, real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre. Por último, también se impugna en términos generales la ordenanza sobre la base del derecho de ocupación del dominio público o privado que, en orden a la prestación del servicio de telecomunicación, configura el art. 43 y 44 de la Ley General de Telecomunicaciones.

Esta primera cuestión planteada en términos de impugnación general de la competencia del Ayuntamiento para regular mediante ordenanza la actividad de instalación y funcionamiento de antenas de telefonía móvil ha sido resuelta por el Tribunal Supremo, en sentido contrario al que sostiene la recurrente, y al efecto ha señalado, en la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2003, con reseña de la de fecha 24 de enero de 2000, que

El sistema de fijación o de determinación de competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas que se verifica en el Título VIII de la Constitución tiene como finalidad el establecer los principios con arreglo a los cuales deben distribuirse las competencias básicas, normativas y de ejecución entre el Estado y las Comunidades Autónomas, como entes territoriales investidos de autonomía legislativa. Sin embargo, no impide que la ley, dictada con arreglo al esquema competencial citado, reconozca competencias a los entes locales ni anule la exigencia constitucional de reconocer a cada ente local aquellas competencias que deban considerarse necesarias para la protección de sus intereses en forma tal que permita el carácter recognoscible de la institución.

La autonomía municipal es, en efecto, una garantía institucional reconocida por la Constitución para la Agestión de sus intereses@ (artículos 137 y 140 de la Constitución y hoy asumida en sus compromisos internacionales por el Reino de España (artículo 3.1 de la Carta Europea de Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985, ratificada por Instrumento de 20 de enero de 1988.

Los Ayuntamientos pueden establecer las condiciones técnicas y jurídicas relativas a cómo ha de llevarse a cabo la utilización del dominio público que requiera el establecimiento o la ampliación de las instalaciones del concesionario u operador de servicios de telecomunicaciones, en su término municipal, utilizando el vuelo o el subsuelo de sus calles. Ello no es obstáculo al derecho que lleva aparejada la explotación de servicios portadores o finales de telecomunicación (la titularidad que corresponde a los operadores) de ocupación del dominio público, en la medida en que lo requiera la infraestructura del servicio público de que se trata (artículos 17 LOT/87 y 43 y siguientes LGT/98.

Este principio es plenamente aplicable a las instalaciones por parte de los operadores (sujetos a la sazón al régimen de concesión) que puedan afectar en cualquier modo a los intereses que la Corporación municipal está obligada a salvaguardar en el orden urbanístico, incluyendo la estética y seguridad de las edificaciones y sus repercusiones medioambientales, derivadas de los riesgos de deterioro del medio ambiente urbano que las mismas puedan originar. Las expresadas instalaciones por parte de las empresas de servicios aconsejan una regulación municipal para evitar la saturación, el desorden y el menoscabo del patrimonio histórico y del medio ambiente urbano que puede producirse, por lo que no es posible negar a los Ayuntamientos competencia para establecer la regulación pertinente. La necesidad de dicha regulación es más evidente, incluso, si se considera el efecto multiplicador que en la incidencia ciudadana puede tener la liberalización en la provisión de redes prevista en la normativa comunitaria (Directiva 96/19 / CE, de la Comisión de 13 de marzo, y Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones y en la nueva regulación estatal. Esta normativa reconoce la existencia de una relación directa entre las limitaciones medioambientales y de ordenación urbana, a las que, sin duda, puede y debe atender la regulación municipal, y las expresadas instalaciones.

El artículo 17 LOT/87 establecía una importante conexión entre el derecho del operador a establecer la red e infraestructura necesarias para la prestación de los servicios, en el ámbito de las condiciones que establece el artículo 28 de la misma, y los instrumentos de planeamiento urbanístico. En su apartado segundo establecía que AEn tal sentido, los diferentes instrumentos de ordenación urbanística del territorio deberán tener en cuenta la instalación de servicios de telecomunicación, a cuyo efecto el Órgano encargado de su redacción recabará de la Administración la oportuna información@. El artículo 18 reconocía el carácter vinculante de estos instrumentos en relación con la obligación de la canalización subterránea y establecía la proporción en que los operadores deben sufragar los costes de construcción de la infraestructura en proporción a su interés urbanístico. De este criterio se ha hecho eco la Jurisprudencia de esta Sala (26 de febrero de 1982, 7 de mayo de 1985, 13 de noviembre de 1986, 15 de octubre de 1988, 23 de noviembre de 1993, 22 de abril, 24 de octubre, 27 de noviembre y 17 de diciembre de 1996 y 11 de febrero de 1999, entre otras). Estos mismos principios aparecen hoy desarrollados en los artículos 44 y 45 de la LGT/98

De lo expuesto resultan las siguientes consecuencias:

11) La competencia estatal en relación con las telecomunicaciones no excluye la del correspondiente municipio para atender a los intereses derivados de su competencia en materia urbanística, con arreglo a la legislación aplicable, incluyendo los aspectos de estética y seguridad de las edificaciones y medioambientales. Por consiguiente, los Ayuntamientos pueden, en el planeamiento urbanístico, establecer condiciones para la instalación de antenas y redes de telecomunicaciones,...

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